Escribe Mariela Canali: – Siempre creí que como estamos acostumbrados al calendario escolar y a los feriados que se suceden mes tras mes, tendemos a ver los hechos históricos como acontecimientos que se suceden sin tener que ver mucho unos con otros. Sin embargo, varias de esas fechas están involucradas en un proceso histórico que comenzó un día como hoy, pero hace 216 años, y culminó una década más tarde con el surgimiento de las autonomías provinciales o lo que la historia oficial dio en llamar “la anarquía del año 20”.
En el año del Bicentenario de la Independencia, hoy festejamos un nuevo aniversario del 25 de Mayo de 1810, la primera fiesta cívica que tuvo nuestro país. Ambas fechas forman parte del mismo proceso histórico: el 25 de Mayo como el inicio de una larga revolución y la guerra por la independencia, y el 9 de Julio como la decisión que dió sentido al movimiento iniciado en Buenos Aires y rápidamente fue seguido por las ciudades del interior.
Como parte de lo que el historiador Eric Hobsbawm ha denominado “las revoluciones burguesas” que convulsionaron a Europa y América entre mediados de los siglos XVIII y XIX, la Revolución de Mayo produjo cambios; algunos inmediatos, como el desplazamiento de españoles en los cargos públicos o el libre comercio, y otros mucho más graduales que transformaron el marco social, económico e institucional de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Dentro de las transformaciones institucionales, dos principios quedaron como pilares de la revolución: la sanción de una constitución escrita y la separación de los poderes. El camino para su puesta en práctica fue largo y violento y sólo se consagró en 1853.
Por otra parte, la creación de símbolos patrios que identificaron desde entonces a nuestro país: escudo, bandera e himno, provocó una identificación inmediata y el paso dado fue enorme, porque al crear los símbolos de una nueva nacionalidad, la separación de España se transformaba en un hecho y el retorno a situaciones coloniales se hacía impensable.
Los cambios en el plano jurídico fueron importantes: supresión del tributo indígena (1811), prohibición de la importación de esclavos (1812), eliminación de las formas de servicio personal de indios, libertad de vientres (1813), eliminación de títulos de nobleza y exhibición de blasones (1813), y plasmaron una nueva concepción basada en la abolición de privilegios y en el goce de derechos individuales.
Dentro de las transformaciones sociales, el cambio se reflejó en una progresiva ampliación de los sectores que tenían más participación en los sucesos de la revolución y la guerra: la clase media (conformada por pequeños comerciantes, militares de menor graduación, maestros, etc) fue la que más creció en la participación del manejo de los asuntos públicos. Las clases populares (trabajadores independientes, artesanos libres y propietarios pobres de los suburbios, los trabajadores domésticos y los esclavos (de los que se desprendieron los libertos, que ganaban su condición por el servicio militar en la guerra) lograron un grado progresivo de participación en la formación de las milicias urbanas.
En cuanto a la población de las zonas rurales, tanto los paisanos como los gauchos se incorporaron a la revolución por vía del servicio militar, a través de la leva, que era el medio habitual de incorporación al ejército. La vida militar los sacó de sus pagos y los devolvió, al tiempo, convertidos en hombres que ya no aceptaban un papel pasivo en la política; lo cual explica, en parte, su participación en las luchas civiles que se desencadenaron a partir de 1820.
Como vemos, la conmoción revolucionaria (incluida la guerra de la independencia librada en varios frentes hasta la década de 1820) alteró esquemas sociales y creó nuevas tensiones. De una sociedad sólidamente jerarquizada, donde el linaje tenía prestigio adquirido, se quiso pasar a otra basada en el mérito personal y donde la igualdad y el individualismo fuesen notas fundamentales, aunque esto llevó mucho tiempo.
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