Lo decidió un juez federal al suspender la vigencia de dos artículos de la Ley de Educación Superior por violar la “autonomía universitaria” en respuesta a un amparo de la Universidad de La Matanza.
Se trata de los artículos 2 y 4 de la Ley de Educación Superior Nº 27.204, que habían sido modificados en octubre, poco antes de las elecciones, por un proyecto de la ex diputada Adriana Puiggrós y que establecían expresamente la gratuidad de las universidades públicas y la prohibición de los exámenes de ingreso eliminatorios.
El fallo del juez federal Pablo Cayssials suspendió ambos artículos de la Ley, que establecían que el Estado debe “garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso”, y que “todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta” a la universidad.
La decisión judicial responde a un recurso de amparo presentado por la Universidad de La Matanza (UNLAM) que consideró que los nuevos artículos violaban la autonomía universitaria y que iban a generar “desfinanciamiento” del sistema y a “bajar la calidad educativa”, según explicó el rector de la UNLAM, Daniel Martínez.
“Es una ley demagógica, que apela al facilismo y confunde a la sociedad. Nosotros planteamos que vulnera el principio de autonomía universitaria porque fija un régimen de permanencia, graduación y acceso a la universidad, cuestiones que deben ser definidas por cada institución”, agregó Martínez.
Cada año se anotan en la UNLAM unos 24 mil alumnos, de los cuales ingresa el 60%, informó la Universidad. “No tenemos aulas, ni capacidad financiera ni docentes para recibirlos a todos. La ley no preveía fondos para garantizar el acceso irrestricto”, argumentó Martínez. Y añadió: “Establecer la gratuidad por ley es redundante: la universidad pública es gratuita de hecho desde 1949, y eso está garantizado por la Constitución”.
Puiggrós anticipó que la decisión judicial será apelada. “Si hay un problema en la secundaria, hay que resolver ese problema. Pero es inconcebible que la Argentina no pueda garantizar el acceso a la universidad para todos sus ciudadanos”, consideró. Mientras tanto, el amparo del juez Cayssials seguirá vigente hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
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