Por Majo López |
Esta semana se vivieron en Latinoamérica distintos hechos que consolidan definitivamente un viraje hacia la derecha en el continente. En Brasil Dilma Rousseff fue destituida por el Senado cerrando un cuestionado proceso que la ahora ex presidenta condenó como “golpe institucional” y por el cual ya inició una contraofensiva solicitando la nulidad del juicio político.
En Venezuela, por otro lado, la oposición chavista realizó una marcha que sin eufemismos denominó como la “Toma de Caracas”. Sutilezas al margen, la movilización fue masiva, aunque en paralelo también se realizó una marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro que fue invisibilizada por los medios masivos de comunicación.
Ambos situaciones reflejan la polarización que sufrió el continente durante la última década entre los gobiernos populares que asomaron a partir del 2000 y las fuerzas conservadoras de derecha que siempre han existido y que resurgen, aunque de distinto modo en cada país, con la fuerza de una tormenta tropical.
La globalización de la información y la concentración de los medios masivos de comunicación que en todo el mundo, independientemente de las nacionalidades, responden a los mismos poderes económicos, son parte de un combo que, de la mano de las corporaciones judiciales, le dan carnadura a la avanzada de estos grupos concentrados de poder que hace rato comprendieron que lo mismo que antes conseguían por las armas hoy lo pueden conseguir a través de medios más sutiles, pero igual de efectivos.
Brasil: un juicio político sin pruebas
La destitución de Dilma Rousseff fue el corolario de un proceso que comenzó en abril de este año cuando la Comisión Especial sobre Juicio Político aprobó la elevación al recinto del pedido de impeachment contra la presidenta por incumplimientos a la Ley de Responsabilidad Fiscal en los presupuestos de 2014 y 2015.
La oposición tomó como excusa para la acusación el uso de un recurso que habitualmente han utilizado todos los gobiernos de turno y el ofic
ialismo acusó un intento de golpe institucional.
La Cámara de Diputados necesitaba 342 votos sobre un total de 513 para avanzar con el juicio político. A pesar de las negociaciones llevadas adelante personalmente por Lula Da Silva hasta último momento, consiguió 367 votos a favor y la causa pasó entonces al Senado, que con 55 votos a favor y 22 en contra aprobó el juicio político.
Esta semana, y ante las nulas chances del PT de revertir la situación, el Congreso aprobó por 61 votos a 20 la destitución de Dilma Rousseff, que había sido reelecta en octubre de 2014 por más de 54 millones de brasileros.
En un contexto en que gran parte de la clase política brasilera está sospechada por corrupción, el juicio estuvo viciado desde un comienzo por la falta de garantías procesales y la ausencia de pruebas que acrediten la acusación de fraude fiscal.
El oficialismo acusó directamente a la oposición de estar llevando adelante un golpe de Estado institucional impulsado por el titular de la cámara de diputados y ferviente opositor, Eduardo Cunha – quien fue suspendido de sus funciones por corrupción y finalmente renunció antes de que termine el juicio- y el entonces vicepresidente Michel Temer.
Concretada la maniobra destituyente fue el propio Temer quien quedó a cargo del Ejecutivo hasta el 31 de enero de 2018, cuando vence el mandato para el que Rousseff había sido reelegida con el 51,64% de los sufragios contra el 48,36% del liberal Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).
El escenario actual se presenta sumamente complejo en Brasil. Sin legitimidad popular ni reconocimiento regional y con serias acusaciones por corrupción sobre su persona y la de gran parte de su gabinete, Termer deberá enfrentar una profunda crisis económica, social y política.
Un dato a tener en cuenta, la diferencia por la que Dilma ganó las elecciones hace dos años en Brasil es de casi un punto más que la que obtuvo en nuestro país el actual presidente Macri sobre el candidato del Frente para la Victoria Daniel Scioli.
Venezuela: La Toma de Caracas
No es que la derecha no entienda de sutilezas. Simplemente no le importan. Es así que con la delicadeza de un elefante en un bazar la oposición venezolana llamó el pasado 1° de septiembre a una movilización nacional que llamó “La Toma de Caracas” con un único objetivo: lograr poner en marcha un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
La revocación del mandato es un recurso contemplado en la Constitución venezolana q
ue en su artículo 72 sostiene que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. “Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato”. La solicitud solo puede realizarse una vez durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria.
Desde el oficialismo denunciaron la convocatoria como un intento de desestabilización golpista al que Maduro respondió con una iniciativa para eliminar la inmunidad de todos los cargos públicos. “Tengo listo el decreto para levantar la inmunidad a todos los cargos públicos y que nadie utilice la inmunidad para conspirar, para complotarse, para ir en contra del pueblo y de la paz”, declaró Maduro ante los miles de seguidores que se concentraron en el centro de Caracas en respuesta a la marcha opositora.
El objetivo de la oposición, que en las últimas elecciones logró la mayoría parlamentaria, es que el referendo revocatorio se realice antes del próximo 10 de enero. La fecha no es caprichosa: si la consulta se hace en ese período y los venezolanos votan por el fin del mandato de Maduro, habrá que convocar a elecciones. En cambio, si se hace después de esa fecha, el presidente será reemplazado en su cargo por el vicepresidente ejecutivo lo cual no conformaría las aspiraciones de cambio de rumbo de la oposición.
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que el referéndum revocatorio no se podrá llevar a cabo este año ya que no hay tiempo para organizar el llamado a referéndum.
La situación en Venezuela refleja una realidad que no nos es ajena. Casi en simultáneo a la Toma de Caracas tuvo lugar en nuestro país la Marcha Federal.
Columnas de miles de manifestantes que se movilizaron desde distintos puntos del país se concentraron el viernes último en Plaza de Mayo en protesta contra el ajuste, los despidos y el tarifazo. Fue una masiva muestra de rechazo al gobierno de Mauricio Macri, representante de la misma derecha que en Brasil llevó a Dilma a juicio político y que en Venezuela se relame ante la posibilidad de revocarle el mandato a Nicolás Maduro.
Sería injusto no decir que está a las claras que la mayor diferencia es que en Argentina la derecha llegó al poder por vez primera de la mano del voto popular. Tan cierto como eso es que en los primeros diez días de gobierno, y a contramano de las promesas de campaña, sentaron las bases de una agenda que como era de esperarse respondía a los intereses de los grandes grupos económicos.
Que todo haya confluido en la misma semana podría ser una pura casualidad. Si se consolidará en la región una etapa marcada por gobiernos de derecha es algo que a priori no se puede saber. Por lo pronto queda vieja en la memoria la imagen fraterna de aquellos presidentes latinoamericanos hermanados en sus intereses y plantados frente al mundo como una postal anacrónica. Solo el tiempo dirá cómo sigue la historia.
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