Declaraciones de adolescentes que forman parte de un fallo dictado por el juez Marcelo Giacoia, deja al descubierto el accionar policial en esa localidad y otras aledañas como Marcos Paz y Chivilcoy.
Los testimonios (que en términos generales comparten condiciones socioeconómicas) reflejan prácticas represivas que ocurren en las dependencias policiales, donde la violencia y el maltrato parecen reglas naturalizadas.
Giacoia, juez de Garantías del Joven del Departamento Judicial Mercedes, presentó el pasado abril un habeas corpus preventivo que prohíbe a efectivos policiales de esos distritos detener a personas menores de 18 años por simple averiguación de identidad y trasladarlas a comisarías.
Testimonios
Un joven de Marcos Paz, contó haber sido trasladado a la comisaría de esa ciudad hacia fines de febrero, luego de ser maltratado por un custodio del Banco Provincia mientras aguardaba que un amigo retirara plata del cajero. El menor fue arrinconado por el vigilador y reducido mediante un ‘corte de llave’ en sus brazos. Fue introducido a golpes de puños en un patrullero y una vez en el interior de la comisaría, se lo alojó en el sector de calabozos durante dos horas, hasta que fue retirado por una asistente del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.
En otro caso, también de Marcos Paz, la víctima contó que antes de recuperar la libertad fue llevado al hospital local, donde finalmente no se le realizó ninguna constatación física, aunque escuchó que efectivos policiales le solicitaban al médico de guardia que expidiera un certificado en el cual se expresara que el joven “estaba drogado o alcoholizado”.
En Chivilcoy, una joven contó que a comienzos de febrero, durante la madrugada, fue interceptada por un patrullero cuando caminaba en compañía de dos amigas. El personal policial las apuntó con sus armas, para luego esposarlas y trasladarlas a la Comisaría. En esa dependencia permanecieron durante varias horas. La declarante aseguró haber sido golpeada, insultada y amenazada de muerte por una uniformada que le apuntaba con un arma de fuego. Antes de recuperar la libertad, debió firmar un papel que esgrimía como causal de la demora “Entrega de menor”. Días después, la joven volvió a sufrir la interceptación policial. Esa vez no sufrió agresiones, aunque en la seccional observó que golpeaban a uno de sus amigos.
Un adolescente de Luján también sumó su testimonio a la causa judicial. Contó que un mediodía de febrero, en compañía de unos amigos, fue abordado por dos móviles de los que descendieron tres policías que a punta de arma de fuego se quedaron con su celular y dinero en efectivo. Además, dijo que en ese momento fue agredido mediante “piñas en las costillas y cachetazos”. Una vez abordado, el joven fue trasladado a la comisaría 1ra de Luján, donde permaneció esposado a una mesa por tres horas, hasta que fue retirado por su padre.
El mismo testimonio recordó que el año pasado, cuando se dirigía con rumbo al centro de la ciudad con otros amigos, fue también interceptado por camionetas policiales. Unos cinco uniformados los apuntaron con armas haciéndolos tirar al piso, para luego agredirlos con patadas y piñas. Lo subieron a uno de los patrulleros para continuar agrediéndolo físicamente. El fallo destaca que ya dentro de la comisaría fue golpeado, escupido y lo dejaron solo, aislado en un ‘buzón’ alrededor de doce horas hasta que lo retiró su progenitora. La denuncia fue ratificada por sus padres, al igual que en los otros casos.
El fallo de Giacoia expone, a partir de casos concretos, una práctica repetida: el abuso de autoridad por parte de efectivos policiales dirigido contra jóvenes pobres, una metodología violatoria de una batería de normas constitucionales y jurisprudencia nacional e internacional.
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