En caso de recibir media sanción en la Cámara Alta, la iniciativa del Poder Ejecutivo, que de acuerdo con los datos oficiales podría generar unos 10 mil puestos de trabajo en el corto plazo, deberá ser discutida en Diputados para convertirse en ley.
El proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis para uso medicinal y de investigación científica recibió ayer el dictamen a favor tras un plenario de comisiones del Senado y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto en la próxima sesión.
Durante la audiencia, el presidente de la comisión de Agricultura, Adolfo Rodríguez Saá, destacó que se logró “un trabajo muy bueno” gracias al “consenso” entre todos los bloques y precisó que se aceptaron modificaciones que se incorporarán al dictamen durante la discusión del tema en el recinto.
“Se priorizó el diálogo con las provincias que están muy avanzadas con este tema y se ha incorporado una enorme cantidad de cuestiones muy positivas”, sostuvo el legislador antes de pasar a la firma el dictamen, y remarcó que quedó claramente plasmada en la propuesta la política de federalismo que promueve este Gobierno.
A su vez, Saá adelantó que se incluirá en el recinto una sugerencia del senador catamarqueño del Frente de Todos, Dalmacio Mera, para que las autoridades encargadas de controlar la producción informen periódicamente al Congreso.
En la misma sintonía, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Caseri, reflexionó que en caso de aprobarse será una ley “que supera viejos resabios” y que otorga al país “una gran posibilidad para el desarrollo económico y para la industria” y opinó que esta norma “habla de una Argentina distinta donde podemos discutir los temas que parece que fueran tabú”.
Por otro lado, desde el senador del bloque de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, sostuvo que votará en contra de la norma por considerarla contraria a la salud pública y “una de las leyes más capitalistas” de los últimos años al señalar que “es un paso previo a cederle un negocio de estas características a las grandes corporaciones”.
Entre los objetivos de la norma se busca establecer un marco legal que autorice -a través de un fuerte esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica.
En el documento se remarca que la ley busca fomentar los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal.
La iniciativa del PEN contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas.
Se trata de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que tal como se establece en el artículo 4° del Proyecto, tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.
Entre sus funciones centrales, estará regular el funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinar las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes.
Con información de Télam
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