04 diciembre, 2022

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Más del 50% de las mujeres no perciben ningún aporte por parte del progenitor de sus hijas e hijos

Más del 50% de las mujeres no perciben ningún aporte por parte del progenitor de sus hijas e hijos

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, presentó el primer informe de “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: un problema estructural que profundiza las desigualdades de género”. Datos y propuestas centrales para cambiar esta realidad de desigualdad.

El relevamiento se realizó entre junio y agosto de 2021 y consistió en 6.442 encuestas autoadministradas y espontáneas y 52 entrevistas en profundidad. Los resultados indican que el 51,2% de las mujeres no perciben ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas e hijos. Del 41,2% que sí recibe dinero, un 15,3% lo hace de manera irregular. Es decir, más de la mitad de las encuestadas no recibe obligación alimentaria o solo lo recibe eventualmente. Solo el 10% considera que es suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades de niñas, niños y adolescentes. 

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual presentó el primer informe realizado en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, junto a la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos. El mismo, resulta de un proceso de investigación cuyo objetivo es construir una hoja de ruta para la acción, visibilizar y proponer soluciones a la violencia económica y documentar los obstáculos existentes en el sistema actual. 

“La transformación individual es posible a partir de proyectos y experiencias colectivas. Por más desalentador que sea el resultado de esta investigación, nunca es triste la verdad, pero creemos que tiene remedio. Ese remedio es con Estado presente, con políticas, gestión pública y mucha articulación y fortalecimiento de nuestras organizaciones, políticas, sociales, comunitarias. Es el lugar desde donde vamos a construir cada vez más igualdad que es a lo que aspiramos” señaló Estela Díaz.

También, se presentó una serie de propuestas a los diferentes poderes y niveles de gobierno para promover el cumplimiento de las obligaciones parentales por parte de los varones, en el marco de un enfoque de derechos y con el fin de erradicar las violencias contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. “El gran deudor, una vez más, es el Poder Judicial. La falta de acceso a la justicia con perspectiva feminista” detalló la Ministra, y desarrolló 10 propuestas centrales de acción de las 34 iniciativas desarrolladas en el informe: 

  1. Promover en diálogo con el Poder Judicial bonaerense dicte resoluciones que favorezcan la unificación de los criterios y la celeridad en las respuestas a las demandas de incumplimiento de la obligación alimentaria.
  2. Promover el establecimiento de presunciones que funcionen como pisos mínimos respecto al costo de la crianza y el cuidado mediante una Ley nacional.
  3. Establecer la obligatoriedad para el Poder Judicial de dictaminar alimentos provisorios, y a la mayor brevedad posible.
  4. Establecer una forma automática de ajuste de los montos de la obligación alimentaria, teniendo en cuenta el rango etario de las niñas, niños y adolescentes beneficiados.
  5. Facilitar la notificación judicial mediante medios electrónicos que no impliquen mayores demoras.
  6. Fomentar el intercambio de información entre las áreas de Políticas de Género y los juzgados intervinientes.
  7. Promoción de buenas prácticas para profesionales del derecho en articulación con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA).
  8. Potenciar el alcance del Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos y el cruce de información con diversos organismos.
  9. Formación y asesoramiento especializado en derecho de familia, en áreas de Políticas de Género en el marco de las múltiples capacitaciones y políticas de fortalecimiento del Ministerio a los municipios.
  10. Tareas de difusión y sensibilización. Incorporar la temática en la formación de Ley Micaela y diseñar campañas dirigidas a difundir el derecho de mujeres, niñas y niños y a concientizar a los padres respecto de sus responsabilidades.

El incumplimiento de las obligaciones alimentarias vulnera el derecho de las infancias y juventudes a ser cuidadas, en todos los aspectos de su vida y desarrollo, por sus progenitores. La falta de aporte económico al sustento vital de las y los hijos tiene un impacto sobre la situación de pobreza, la falta de autonomía y la sobrecarga de tareas de cuidado en las mujeres, a las que suelen hacer frente los hogares monomarentales. 

Frente a la insuficiencia del monto percibido, o ante el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, las mujeres encuestadas describieron múltiples estrategias para garantizar las necesidades de sus hijas e hijos. Las mujeres trabajadoras y de sectores populares deben incrementar los niveles de dependencia, tanto económicas como de cuidado, incrementar la cantidad de horas de trabajo o endeudarse. 

La investigadora, socióloga, historiadora y educadora Dora Barrancos, quien participó como comentarista, señaló: “Es un informe pionero, que nos muestra que no hay sanción social para este brutal incumplimiento. Hay una naturalización, una suerte de indolencia social, donde el incumplimiento está permitido. Necesitamos un poder judicial que se entienda con la justicia”.

El informe es el primer paso para abordar una problemática que es síntoma de una situación a nivel estructural. El propósito es acercar una herramienta de diagnóstico cualitativo desde las voces de las protagonistas y se propone como un insumo, desde un enfoque positivo, para ayudar a remediar el actual escenario de injusticia social y reproductiva.

 

La investigación 

Para llevar adelante esta investigación se implementó una estrategia metodológica cualitativa y cuantitativa, con instrumentos que se aplicaron de forma simultánea entre junio y agosto de 2021: Por un lado, una encuesta autoadministrada y espontánea mediante plataforma virtual con preguntas abiertas y cerradas. Por el otro, entrevistas en profundidad con un cuestionario semiestructurado.

En relación a la encuesta, se obtuvieron un total de 6.442 respuestas. La mayor parte de las encuestadas se ubica en los rangos medios de edad (un 40,4% entre 26 y 35 años, y otro 48,7% entre 36 y 55 años). En cuanto al nivel de estudios, predominan las de nivel superior (terciario o universitario) en un 56%, seguidos por un 25% con secundaria completa. Respecto a la condición laboral, si bien la mayoría de las mujeres se encuentran trabajando en relación de dependencia formal (41,7%), también se registraron desocupadas (18,1%), trabajadoras por cuenta propia (9,8%) y de la economía popular (19,4%), y empleadas informales (7,3%). El 54% de las respuestas corresponden a hogares monomarentales.

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