La jueza federal Sandra Arroyo Salgado denunció públicamente, a través del canal La Nación +, que fue apartada de una causa donde se investigaba a un fiscal y efectivos policiales por narcotráfico, por pedido de abogados que trabajaban con Cristian Ritondo cuando este era ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal.
“Investigo, avanzo, llego a la detención y procesamiento con preventiva de funcionarios policiales que debían investigar al narcotráfico pero que eran socios del narcotráfico y ahí me recusan”, explicó la magistrada que luego especificó: “fueron dos letrados con aceitados contactos políticos […] Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal”.
La causa
El principal imputado en esa causa fue el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, acusado como jefe de una presunta asociación ilícita integrada por policías la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráficos de Drogas Ilícitas.
Las acusaciones fueron por armado de causas entre 2013 y 2015 cuando Scapolán estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Martín, disuelta finalmente en 2016. Entre otras imputaciones se les endilgó pedidos de coimas a narcos y quedarse con droga de algunos operativos.
D’Angelo, el que recusó a la jueza, era abogado de uno de los imputados, el funcionario judicial Maximiliano Jarisch, quien pidió el apartamiento de Arroyo Salgado por considerar que incurrió en “la pérdida de imparcialidad”.
Jarisch era secretario del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por Scapolan, y había estado con prisión preventiva en el marco de la causa dictada por la jueza Arroyo Salgado, aunque luego fue excarcelado por falta de mérito tras una apelación.
Ritondo, el apuntado por Arroyo Salgado
La Cámara de San Martín mantuvo a Arroyo Salgado en la Causa pero los abogados “con aceitados contactos políticos” elevaron su pedido a Casación, donde el único camarista Mariano Borinski, “con un pronunciamiento inédito, declaró la nulidad de la resolución que me había confirmado a cargo de la investigación”, cuestionó la magistrada.
“Hubo en el interín comentarios de distinto tenor tratando de echar un manto de sospecha del quehacer judicial, diciendo que había un loby de la política, del massismo, de Malena Galmarini en la Cámara de San Martín, que a mí no me consta”, aclaró la jueza.
“Lo concreto es que yo fui apartada de esa investigación”, sentenció y comentó brevemente (porque el conductor que la entrevistaba dijo que debía terminar el programa) otra causa en la que también fue cuestionada por un asesor de Ritondo.
“A los seis meses (de haber sido desplazada de esa causa), fui apartada de otra en la que estuve a cargo por tres años (…) también por parte de otro asesor de Cristian Ritondo, Marcelo Rocchetti me recusa en una causa de lavado de activos contra un representante de fútbol”.
Rochetti fue jefe de Gabinete de Ritondo en su paso por la cartera de Seguridad bonaerense. También fue abogado de policías y lo fue del barrabrava de Boca Rafael Di Zeo, en una causa por homicidio cuando el presidente de ese club era Daniel Angelici.
Marcelo Hugo Rochetti y Marcelo D’Angelo, los dos abogados que la apartaron, fueron defensores de policías en causas penales; uno de ellos el cabo primero Francisco Javier Pinto, uno de los Albatros acusados por el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi.
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