El Gobierno bonaerense busca crear un registro de trabajadores que podría derivar en la relación de dependencia de 25.000 personas que se desempeñan de manera independiente.
El proyecto de ley, impulsado por Omar Plaini, fue aprobado en el Senado con tratamiento sobre tablas en octubre del año pasado y ahora inicia el tratamiento en Diputados, con grandes posibilidades de convertirse en ley. La controversia radica en el artículo 7° que establece una serie de reconocimientos. A saber:
- Identificar a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores/ras habilitados.
- Controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad.
- Determinar las condiciones y plazos para la inscripción, así como las sanciones y responsabilidades que deriven de su incumplimiento.
- Exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP) que denuncie la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadoras y trabajadores;
- Exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP), que denuncien el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de las trabajadoras y trabajadores”.
Voces a favor y en contra
Detrás de la iniciativa, como suele suceder, está el lobby a favor de las empresas que lógicamente tienen sus terminales políticas. En este caso, Sergio Siciliano, diputado por Juntos Por el Cambio remarcó que de prosperar la iniciativa “lo más probable es que desaparezcan 25.000 puestos de trabajo”.
En ese marco, un grupo de trabajadores en contra del proyecto de ley se encuentran en la puerta de la legislatura bonaerense con las consignas “La provincia de Buenos Aires quiere cerrar las aplicaciones” y “Defendamos nuestra fuente de ingresos”.
Por otra parte, desde la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) expresaron su apoyo “al intento de ponerle un freno a la ambición desmedida de las plataformas de mensajería y reparto”.
“Cuando el trabajador no es reconocido como tal y se pone en duda la relación laboral, se le da la posibilidad a las transnacionales de precarizar, explotar, y descartar a los compañeros como si estuviéramos en el siglo XIX”, aseguraron en un comunicado.
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