Por Ayelén Bruno |*
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el Archivo 2022 de Casos de Personas Asesinadas por el Estado, y la situación represiva de nuestro país. Un informe que refleja que la deuda de la democracia es siempre con los mismos.
Según indica el relevamiento “el objetivo es contribuir a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de Estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación”.
La violencia institucional en números
En esta 27ª actualización, se incorporaron 529 casos al Archivo, llegando a un total de 8.701 entre diciembre de 1983 y diciembre de 2022. De esos 529 casos nuevos, 436 corresponden al 2022. Como se encuentra en permanente revisión, a partir de nuevos hallazgos, también se sumaron 91 casos ocurridos en el curso de 2021 y 2 de años anteriores.
De las 436 muertes correspondientes a 2022, se encuentran las modalidades descritas en el informe. De ellas, 319 ocurrieron bajo custodia, 80 fueron fusilamientos de gatillo fácil, 20 responden a contextos de violencia intrafamiliar (19 femicidios y un femicidio relacionado), 4 fueron consecuencia de otros delitos policiales (entre ellos, dos desaparecidos) y 13 se debieron a otras circunstancias (incluida una desaparición).
María del Carmen Verdú, abogada y titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), habló con El Cactus y nos marcó el análisis de coyuntura que se hace en esta edición del Archivo. “Hay cuatro ejes que nos parecen fundamentales en este informe, que marcan hacia donde hay que enfocar las energías en el curso de este año que además es un año electoral”.
“En primer lugar, el notable aumento de las muertes bajo custodia. Lo que implica revisar urgente la política de encarcelación, el uso indiscriminado de la prisión preventiva, la sobrepoblación, el hacinamiento, etc.”, desarrolló Verdú. Y agregó: “Tenemos números que nunca habían alcanzado esta dimensión en relación al resto de las modalidades que no se han modificado tanto”.
Para entender las razones del aumento exponencial de muertes bajo custodia hay que revisar la situación carcelaria nacional y los índices de encierro. Hoy esa tasa a nivel nacional es de 241 personas cada 100.000 habitantes. En la actualidad, la población carcelaria triplica a la del 2001, aunque no corresponden a los índices de delitos del mismo período. Hoy, pese a lo que nos hacen creer algunos medios, estos índices descendieron.
Sólo en la provincia de Buenos Aires, hoy hay 51.673 personas presas, casi la mitad del total del país, lo que representa una tasa por 100.000 habitantes de más de 300, muy superior a la nacional, con una sobrepoblación del 222%.
Como consecuencia directa de la política pública de abuso de la prisión preventiva y el retraso a la hora de otorgar libertad asistida o condicional, no sólo se multiplicó la población en cárceles y comisarías, sino también los fallecimientos por enfermedades evitables o que no hubieran causado la muerte en libertad, los homicidios y los “suicidios”. Todas las muertes bajo custodia crecieron exponencialmente en el último período.
En segundo lugar, la titular de CORREPI marca “el leve descenso de los casos de gatillo fácil de fuerzas de seguridad federales, a partir de las dos o tres medidas adecuadas, tomadas al inicio de la actual gestión. Lamentablemente, un camino rápidamente abandonado, primero por la pandemia, después por la derrota electoral y el cambio de ministros”.
El Ministerio de Seguridad Nacional en los primeros meses de la gestión de Alberto Fernández, tomó medidas como la derogación de los protocolos Bullrich que legitimaban el disparo a personas desarmadas. Por otro lado, la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio a la policía de seguridad aeroportuaria (PSA). Es importante destacar que, a partir de esta medida, no se registraron fusilamientos a manos de personal de la PSA entre 2020 y 2022.
“En tercer lugar, la gravísima situación de la Policía de Ciudad de Buenos Aires que logró igualar a la Bonaerense en pocos años y con menos agentes” denunció Verdú.
De los 172 casos de gatillo fácil ocurridos en el 2022 a manos de la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense, 63 fueron cometidos por la primera, y 109 por la segunda. “Hace falta mucha convicción represiva para, con la cuarta parte de los efectivos, cometer un tercio de los fusilamientos. Es la única fuerza que hace sombra a la policía de Sergio Berni, nada menos”, observa el Archivo.
Por último, Verdú planteó como cuarto eje, la consigna del Archivo: “A 40 años de democracia, es urgente una agenda contra la represión”. Además, la necesidad de llevar adelante un listado con estas políticas: “Hay medidas que, a pesar de que nunca van a ir al fondo de la cuestión porque el fondo de la cuestión es sistémico y por lo tanto no lo vamos a resolver con dos medidas, sí pueden disminuir sensiblemente alguna de las modalidades en cuanto a su letalidad. Imaginate si en lugar de esas dos, se le diera pelota a las veinte medidas que contiene el listado”.
El acceso a la justicia no es para todos y todas
Respecto a los casos de violencia institucional y acceso a la justicia, Verdú enfatizó que “menos del 10% de los casos llegan a juicio, y de ese menos del 10% no todos tienen condena”. Por otra parte, señaló que el acceso a la justicia no es gratis en Argentina. En Provincia para poder hacer la presentación como particular damnificado son casi $10.000 entre bonos y tasas de justicia. Y mientras tanto, los abogados que defienden a los policías no tienen ese costo porque son funcionarios públicos. Quienes intervienen generalmente en la defensa de estos policías son abogados del Ministerio de Seguridad, según el caso”.
Vigencia y urgencia de una agenda antirrepresiva
La represión estatal, en todas sus formas, no es producto de errores sueltos, abusos individuales, y ni siquiera por fuerzas de seguridad fuera de control. Por eso, desde CORREPI hacen énfasis en la aplicación de medidas urgentes que podrían generar un impacto sobre esta realidad dolorosa. La política represiva suma 8.701 personas asesinadas y esta “es una de las principales deudas de la democracia con el pueblo trabajador”.
*Esta nota fue publicada en la edición papel de El Cactus Noticias del mes de ABRIL 2023
** Foto y gráficos: CORREPI
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