La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) emitió un comunicado donde remarca que “la vertiginosidad y la ausencia de debate democrático no pueden ser la regla para aprobar regulaciones que afectan de modo sustantivo las relaciones socioeconómicas en nuestro país”.
“El carácter republicano de nuestro país exige que la legislación sobre esta multiplicidad de aspectos, atinentes al funcionamiento del Estado y a la vida en comunidad, sea dada en el Congreso Nacional, donde el pueblo tiene su representación”, asegura el escrito.
Además, desde ADPRA indicaron que “la utilización de esta herramienta agrega incertidumbre e inestabilidad, ya que inaugura y legitima un sistema que supondría la concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público, prohibidas por la Constitución Nacional en su artículo 29”.
Por su parte, el defensor del pueblo de Morón, Enrique Pochat, manifestó que el DNU “deroga leyes vigentes, sancionadas a través de los años por los representantes del pueblo reunidos en el Congreso de la Nación (…) abolirlas sin el debido proceso que establece la Constitución al decidir el sistema republicano de gobierno, implica entre otros males quitar el respaldo a la defensa de los derechos”.
“El propósito de las leyes, al sancionarse, fue establecer reglas para defender los intereses nacionales, organizar la convivencia social y reglamentar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Seguramente varias de estas leyes han de ser actualizadas y perfeccionadas. Esa es tarea de las y los legisladores elegidos por el pueblo y debe ser respetada por los demás poderes del gobierno de la Nación, así como defendida por la ciudadanía”, finalizó.
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