Esta semana Milei tiene en juego el rumbo de su gestión. En la Cámara Baja se define la matriz económica y social para los próximos años y podrá conseguir las facultades delegadas.
Todas las normas que se definirán esta semana en la Cámara de Diputados afectan a las bases de la organización social, económica y política de los argentinos. Desde el capítulo de privatizaciones de empresas públicas, la reforma de la estructura del Estado, la modernización laboral, el regreso del impuesto a las Ganancias para los trabajadores y la desregulación económica contenida en el decreto 70/2023, entre otras.
El oficialismo depende de los bloques “dialoguistas” para darle aprobación a estas iniciativas que, en principio, cuentan con el apoyo de los gobernadores de la UCR, el PRO y el peronismo no kirchnerista.
Tras negociaciones entre la Casa Rosada, los gobernadores y el Congreso, el jueves pasado en el plenario de comisiones, se arribó a un dictamen de mayoría, que quedó reducido a lo esencial para el Poder Ejecutivo: declaración de la emergencia económica, privatizaciones y, en especial, facultades delegadas para que Milei legisle durante un año al margen del Congreso en materia económica, financiera, administrativa y energética.
El proyecto quedó listo para debatirse en Diputados a partir del mediodía de este lunes, en una sesión que se extendería hasta el martes y posiblemente también el miércoles a la madrugada. La votación en general está garantizada, con un piso de 135 votos a favor, según fuentes parlamentarias del oficialismo.
El oficialismo debió sacrificar artículos para poder llegar a un dictamen que fuera firmado por las fuerzas de la oposición. Por ejemplo, eliminó el capítulo de Defensa de la Competencia, redujo a cuatro las declaraciones de emergencia y achicó a ocho la lista de empresas sujetas a privatización, dejando afuera al Banco Nación. Además, amplió la lista de organismos del Estado a salvo de cualquier intento de disolución.
Finalmente se incluyó una versión comprimida de la reforma laboral limitada a la derogación de multas por no registración, ampliación del período de prueba y la implementación del fondo de cese laboral optativo como alternativa a las indemnizaciones.
También hay muchas dudas respecto a lo que pueda suceder con la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, cuyo mínimo no imponible el Gobierno pretende colocar en $1.800.000 para trabajadores solteros y $2.200.000 para casados con hijos.
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