El oficialismo no había llegado a los acuerdos necesarios en el Senado para tratar los pliegos de los magistrados. La decisión abre un nuevo frente de conflicto con la vicepresidenta Villarruel y tensa la relación los sectores allegados al gobierno.
Según señalaron desde la Oficina del presidente, la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla se extenderá por nueve meses, es decir, hasta el final del período legislativo actual, mientras continúa el trámite administrativo en el Senado para su confirmación definitiva.
El gobierno justificó la medida al señalar que “busca normalizar el funcionamiento del máximo tribunal, que actualmente opera con solo tres ministros, situación que impide que la Corte desempeñe su rol con normalidad”.
La designación en comisión es una facultad contemplada en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que permite al presidente cubrir vacantes durante el receso del Senado mediante nombramientos temporales hasta el fin del siguiente período legislativo.
Se trata de una decisión que trae fuertes críticas por parte de la oposición y tensa aún más la relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se opuso a la designación de Ariel Lijo, al calificarlo como un juez controvertido que no cuenta con los méritos necesarios.
Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil también cuestionaron la falta de paridad de género en las nominaciones, ya que ambos candidatos son hombres.
Este procedimiento de nombramiento en comisión ya ha sido utilizado en el pasado. En 2015, el entonces presidente Mauricio Macri intentó designar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, lo que generó fuertes críticas que lo obligaron a dar marcha atrás. Finalmente fueron designados a través del Senado con votos provenientes de la oposición.
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