La ley llevó adelante un proceso de desregulaciones económicas, privatizaciones y ajustes en el Estado. Libertad para las empresas, pero no para los trabajadores. Además, concedió facultades extraordinarias al presidente para gobernar por encima del Congreso Nacional.
El 8 de julio de 2024 se oficializó en Boletín Oficial la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, luego de varios meses de debates legislativos, protestas y modificaciones. Finalmente, resultó aprobada el 28 de junio en el Congreso Nacional con 142 votos a favor, 106 en contra y cinco abstenciones.
A un año, el balance de disoluciones, desregulaciones y privatizaciones, expresadas en 157 normas con rango de ley, de los cuales 75 son Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y 82 decretos delegados, emitidas por el presidente Javier Milei. Así lo resumió el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en un estudio reciente.
La Ley Bases le permitió al Poder Ejecutivo disolver varios organismos durante el último año. Entre ellos, el Ente Nacional de Control y Gestión de la vía navegable, la AFIP (hoy ARCA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), el Programa Nacional de Inversiones Turísticas y el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven, además de distintos regímenes de promoción de ganadería ovina y llamas, ganadería bovina de zonas áridas y producción algodonera.
“La eliminación de organismos tuvo por objeto la supresión de entes vinculados a obra pública, la eliminación de políticas de promoción de distintos sectores y el corrimiento del rol igualador del Estado”, detalló el CEPA.
Mediante resoluciones unilaterales, Milei procedió a la eliminación de programas y fondos fiduciarios destinados a promover el desarrollo de sectores económicos específicos, la obra pública, el acceso a la vivienda popular, la ciencia y la tecnología. Entre ellos, el PROCREAR, el Plan de Vivienda Social, el Fondo para construcción de viviendas de distintas fuerzas policiales e incluso el Fondo de Integración Socio Urbana. También, el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario PROGRESAR, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura familiar.
“Esta eliminación se produce a través de decretos delegados habilitados por las facultades otorgadas en la Ley Bases, y en un contexto de ajuste y discrecionalidad presupuestaria (dos años consecutivos, 2024 y 2025, sin presupuesto nacional). Por ende, estos decretos dispararon, además, serias dudas sobre el destino de los fondos existentes en cada uno de ellos al momento de su eliminación”, resume el informe.
Por otro lado, la Ley Bases permitió avanzar en la modificación de organismos de distinto tipo, tales como la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, la Policía Federal que tiene un nuevo estatuto, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, e incluso la Comisión Nacional para los Refugiados.
A la vez, seis empresas públicas fueron transformadas en Sociedades Anónimas o quedaron sujetas a privatización, y once organismos estatales tuvieron profundas transformaciones, transferencias de bienes y descentralizaciones. Las empresas que fueron extraídas del listado de entidades sujetas a privatización, de cualquier forma, han sido objeto de vaciamientos, desmantelamientos de áreas e incluso cambios en sus razones sociales. Son los casos del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, la Casa de la Moneda, IMPSA (turbinas), Trenes Argentinos Capital Humano y Represas Comahue, entre otras.
Además, el CEPA detalló que se habilitó a transformaciones “atravesadas por una mirada ideológica, en contra de las políticas de Derechos Humanos (como los vinculados al Museo de la Memoria y al Sitio ESMA) y en contra de íconos de la cultura y la historia argentina (Institutos Sanmartinianos, Yrigoyeneano, Eva Perón, Comisión de bibliotecas populares, Instituto de Asuntos Indígenas, entre otros), además de desregulaciones orientadas a eliminar controles y mecanismos de promoción de otros sectores particulares”.
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