En la última semana, el Estado local realizó un operativo donde se retiraron los puestos de vendedores ambulantes de la estación de Morón. La palabra de los trabajadores.
El domingo pasado, las secretarías de Seguridad Ciudadana, Control Comunal y Obras y Servicios Públicos del Municipio de Morón llevaron a cabo un importante operativo de recuperación del espacio público en la Plaza La Roche, ubicada en la zona céntrica del distrito.
Pero las políticas públicas deberían ser integrales, y no podemos dejar afuera a esas decenas de familias trabajadoras, en un contexto de crisis económica y social recrudecida. Ante esto, Daniela Romero, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Morón, denunció en Cambio de Frente (La Radio Pública del Oeste): “Todos los puestos de trabajadores del espacio público de Morón fueron levantados, y sin ningún tipo de comunicación previa ni nada. No es la primera vez que sucede en un año electoral. Nunca hubo voluntad para solucionar esto de manera conjunta y de raíz”.
Además, reconoció: “Nosotros no negamos que quizás haya situaciones que haya que ordenar para que se pueda convivir en el espacio público. Siempre propusimos un registro de trabajadores y trabajadoras del espacio público, porque empezando por ahí podemos saber quiénes son, de cuántas familias estamos hablando. Muchos heredaron ese puesto desde sus padres, de sus abuelos, más de 20 años de trabajo”.
Esta intervención fue muy similar a la que se llevó adelante en la Plaza de la Cultura (ubicada en Larralde y Cabildo) meses atrás, donde también se retiraron a manteros y vendedores. El Municipio, bajo el lema “Morón Limpio”, argumentó que los espacios habían sido objeto de reclamos vecinales por la ocupación indebida del espacio público y situaciones asociadas a la inseguridad.
Sobre esto, Romero afirmó: “Cuando los titulares hablan de una la nueva geografía de Morón limpia y ordenada, sin venta ilegal, lo cuestionamos, porque la geografía no son sólo los espacios físicos, también están las personas que los habitan y quienes subsistían a base de ese trabajo”.
“La venta en la calle no es un delito, es un trabajo que es parte fundamental de la economía. Hay una porción de la población muy grande y cada vez mayor que se dedica a la economía popular para sobrevivir, para subsistir y que los gobiernos, a cualquier escala, deberían poder incluirlos y generarle el acceso a derechos y no mayor exclusión”, finalizó la dirigente.
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