El Bosque Dagmar Hagelin, está siendo desmontado para la construcción de un complejo de la empresa Megatlón. Vecinos apuntan contra el intendente Diego Valenzuela por la falta de información oficial, presunta irregularidad en la concesión y presencia policial para garantizar el avance de las máquinas.
La comunidad de Villa Bosch, partido de Tres de Febrero, manifiesta su preocupación ante el avance de obras privadas en el Bosque Dagmar Hagelin, un espacio verde reconocido por su flora y fauna autóctona, ubicado en terrenos pertenecientes a la ADIF (Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.). Según denuncian, un total de 6 mil m2 de bosque fueron cedidos a la empresa Megatlon para la instalación de un complejo deportivo que incluiría canchas de fútbol 5, paddle, buffet y vestuarios.
La situación generó alarma luego de que, pese a cartas documento enviadas por los vecinos a los organismos vinculados, solo ADIF respondió sin dar detalles precisos, mientras que desde la gestión que encabeza Diego Valenzuela (La Libertad Avanza), no se pronunció públicamente al respecto.
Desde la Asamblea de Villa Bosch por los Espacios Verdes aseguran que los trabajos comenzaron sin exhibición de permisos ambientales ni documentación técnica. En el primer intento de desmonte, una retroexcavadora fue detenida por la intervención de vecinos y la llegada de la policía. Sin embargo, días después, la maquinaria regresó acompañada por un operativo policial, lo que permitió avanzar con la tala parcial del predio.
“Estamos ante un genocidio ambiental”, señalaron al tiempo que advierten por el impacto ecológico y social que provocaría la eliminación del ecosistema nativo.
Ante la falta de respuestas institucionales, más de cien vecinos se autoconvocaron y marcharon en los últimos días por las inmediaciones de la estación y el predio para exigir la paralización total de la obra, la exposición pública de los acuerdos firmados y la evaluación ambiental correspondiente.
Las organizaciones esperan ahora que la denuncia tome estado público para frenar lo que consideran “un atropello institucional, ecológico y comunitario”.
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