En diálogo Cambio de Frente, el coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad recordó que el gobierno Nacional suspendió la ley de emergencia y no garantiza los recursos necesarios. “No es un favor, sino un derecho”, señaló.
En una entrevista con la Radio Pública del Oeste (FM 89.3) , Pablo Molero denunció que el gobierno no cumple con la ley de emergencia en discapacidad, lo que mantiene en crisis a instituciones, prestadores y familias. “El tema no se ha solucionado porque la ley no se cumple. El gobierno decidió suspenderla hasta que los diputados digan de dónde sacar los recursos, pero mientras tanto las necesidades siguen siendo las mismas”, señaló.
Molero cuestionó el reciente aumento del 29% y 35% en los aranceles anunciado por el Ejecutivo, calificándolo de “insuficiente y engañoso”. “La ley establece un 70% de incremento y los pagos recién llegarán en 2025. Las instituciones no pueden sostenerse con recursos congelados”, afirmó. Además, sostuvo que el gobierno “actuó fuera de la ley” al suspender la normativa por decreto, y destacó que ya existe una causa judicial que podría declarar inconstitucional esa medida.
Avanza el amparo colectivo por la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Juzgado Federal de Campana dictó una resolución favorable en el amparo colectivo que reclama la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad.https://t.co/YfEeAc6sf6 pic.twitter.com/iwI6ncIT8w
— Foro Permanente Discapacidad (@PermanenteForo) November 10, 2025
El referente también advirtió sobre la falta de respuesta estatal en materia de pensiones y talleres protegidos, donde más de 7.000 trabajadores siguen cobrando solo 28.000 pesos desde 2023. “No hay voluntad política para resolverlo, y el presupuesto 2026 prevé más recortes”, alertó.
En este sentido, graficó las consecuencias del incumplimiento con un caso concreto: el del transporte adaptado, servicio esencial para que las personas con discapacidad puedan acceder a sus terapias o a la escuela. “Muchos padres están pagando de su bolsillo o sus hijos dejaron de concurrir porque los transportistas ya no pueden sostener los costos”, explicó. Esto, advirtió, no es solo un problema económico, sino humano y sanitario. “Cuando una persona deja de asistir a su rehabilitación, pierde avances que a veces no se recuperan. En discapacidad, el tiempo es clave: cada sesión que se pierde es una oportunidad que se va. No estamos hablando de comodidad, sino de derechos y de calidad de vida”, subrayó.
Y concluyó con un mensaje claro: “La emergencia sigue vigente. La ley está. Lo que falta es la decisión del gobierno de cumplirla. No se puede hablar de inclusión si se interrumpe la atención de quienes más la necesitan”.
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