La abogada y referente de Correpi, María del Carmen Verdú, criticó el proyecto del Gobierno para bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Afirmó que se instala un problema que “no existe” en términos estadísticos, ya que ronda el 1% de acuerdo a cifras oficiales.
La abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, cuestionó el proyecto del Gobierno de Javier Milei para bajar la edad de imputabilidad penal a los 13 años, iniciativa que el oficialismo buscará debatir en el Congreso durante las sesiones extraordinarias previstas entre el 2 y el 27 de febrero. En diálogo con El Cactus, sostuvo que se trata de una discusión instalada sobre un problema que, en términos estadísticos, “no existe”.
“Te presentan como un problema algo que en realidad no existe, porque la intervención de personas de menos de 16 años en delitos y delitos de gravedad es ínfima, ronda alrededor de menos del 1%”, afirmó. Según explicó, los datos disponibles de organismos judiciales y de estadísticas criminales muestran que los delitos protagonizados por menores de esa edad suelen ser hurtos o arrebatos, y que los hechos graves son excepcionales y muchas veces vinculados a adultos que los utilizan.
En ese sentido, la referente de Correpi advirtió que el foco del debate debería estar en las condiciones sociales de la infancia y no en el endurecimiento penal. “La enorme mayoría de esas personas de menos de 16 años no tienen acceso a la escolaridad, a la salud, a la vivienda ni a la posibilidad de planificar un proyecto de vida, y eso es de lo que el Estado se tiene que ocupar”, remarcó.
Verdú también vinculó la propuesta con la violencia institucional y señaló que los adolescentes son uno de los principales blancos del accionar policial. “Esa misma franja de edad a la que se pretende criminalizar es la franja principal de los blancos del gatillo fácil”, sostuvo, y agregó que se trata de los jóvenes que con mayor frecuencia resultan víctimas de disparos policiales.
“Si vos te pasás la vida propagandizando que un pibito de 14 o 15 años es peligroso y es el enemigo, tenés vía libre para el disparo”, advirtió la abogada, al cuestionar el discurso de seguridad que, según planteó, habilita prácticas represivas contra sectores vulnerables.
Consultada sobre el régimen penal juvenil vigente, Verdú reconoció la necesidad de una reforma, pero con otro enfoque. “No hay ninguna duda de que el régimen penal juvenil hay que modificarlo porque es un decreto de la dictadura, pero cuando vas a los hechos seguís teniendo los mismos lugares de alojamiento, las mismas dificultades para acceder a la defensa y la misma escasez de recursos para la reinserción”, afirmó.
Finalmente, consideró que sin políticas integrales de inclusión, cualquier cambio en la ley será insuficiente. “Seguís teniendo la nulidad de recursos para darle a ese pibe o a esa piba una posibilidad de desarrollo futuro”, concluyó.
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