La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires repudió los hechos de violencia en el Juzgado de Garantías N°5 de San Martín, en el marco de una causa vinculada al narcotráfico. En ese marco, advirtieron la responsabilidad política del Gobierno bonaerense por la falta de preparación y recursos en el tema.
El hecho ocurrió el miércoles en horas del mediodía, cuando un grupo de aproximadamente veinte personas armadas con armas blancas irrumpió de manera violenta en la sede de Pueyrredón 3510, intentó copar los despachos y puso en riesgo la integridad de magistrados, funcionarios, empleados judiciales y de las personas que se encontraban en el lugar. Entre los amenazados se encontraba el juez Nicolás Schiavo, titular del juzgado, quien posteriormente advirtió que no se trató de “un ataque personal, sino un mensaje al sistema” y remarcó que “el narcotráfico está avanzando, es evidente”.
Según el comunicado, los trabajadores judiciales debieron improvisar una barricada con chapones para impedir el avance de los agresores hacia el primer piso, mientras estos rompían una ventana e intentaban llegar al despacho del juez, arrojando estocadas con armas blancas.
La intervención de las fuerzas de seguridad fue tardía y solo logró dispersar al grupo, que antes de retirarse profirió amenazas directas y explícitas contra el personal del juzgado, anunciando que volverían y que los interceptarían a la salida del trabajo.
Desde la Red de Jueces Penales calificaron lo ocurrido como “un ataque directo al normal funcionamiento del servicio de justicia” y advirtieron que el episodio no puede ser tratado como un hecho aislado, ya que se inscribe en un contexto de “condiciones edilicias y de seguridad paupérrimas” en muchos juzgados bonaerenses, que funcionan sin custodia, sin cámaras y sin sistemas mínimos de prevención de riesgos.
El comunicado también señala que “hechos de esta naturaleza son también la consecuencia de la asunción por parte de la provincia de Buenos Aires de la competencia en la persecución, juicio y castigo del narcotráfico, sin la preparación, sin la estructura y sin el traspaso de los recursos prometidos para enfrentar tal flagelo que no solo afecta la salud, sino también la transparencia de un sistema de respuesta penal pauperizado, y la seguridad de quienes viven en los barrios”.
Finalmente, la Red reclamó a la Suprema Corte de Justicia bonaerense que adopte medidas urgentes para garantizar la seguridad de magistrados, funcionarios y empleados del Juzgado de Garantías N°5 y que abra un canal de diálogo con jueces y juezas de primera instancia, donde la violencia social impacta de manera más directa sobre el sistema judicial.
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