El Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín dictó sentencia por crímenes cometidos contra 133 víctimas en el circuito represivo de la Subzona 16. Es el cuarto juicio que investiga el accionar de la Fuerza Aérea durante la última dictadura en el oeste.
Este martes 28 de abril, el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín dio a conocer el veredicto en el juicio conocido como Mansión Seré IV — Moreno I — RIBA II, en el que se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la denominada Subzona 16.
El tribunal compuesto por la jueza María Claudia Morgese Martin, Silvina Mayorga y Walter Venditti condenó a 25 años de prisión a Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch y Julio César Leston, todos integrantes de la Fuerza Aérea, acusados de participar en crímenes contra 133 víctimas en el circuito clandestino que operó en el oeste del conurbano bonaerense. En el juicio también estaba imputado el represor Juan Carlos Vázquez Sarmiento, prófugo durante 20 años y fallecido en 2025, por lo que no hubo condena contra él.
El proceso judicial, que comenzó en agosto de 2024, unificó dos causas y forma parte de una serie de juicios históricos que buscan esclarecer el rol de la Fuerza Aérea en el terrorismo de Estado. Se trata del cuarto juicio vinculado a estos centros clandestinos, cuya operatoria durante años permaneció menos visibilizada en comparación con otras fuerzas.
La Subzona 16 abarcaba los partidos de Morón, Merlo, Moreno, Ituzaingó y Hurlingham, un territorio donde funcionó un entramado represivo con centros clandestinos de detención, tortura y desaparición de personas. Entre ellos, la Mansión Seré, ubicada en la localidad de Castelar, partido de Morón, se convirtió en uno de los símbolos del horror ejercido en la región. Se trata de un fallo histórico al cumplirse cincuenta años del inicio de la última dictadura cívico-militar.
EL ROL CLAVE DEL MUNICIPIO DE MORÓN EN LA INVESTIGACIÓN DE SERÉ
Bajo la intendencia de Martín Sabbatella, el Estado Local impulsó el Proyecto Arqueológico y Antropológico Mansión Seré, que aportó pruebas presentadas ante la Justicia Federal. A partir del año 2002 se realizaron excavaciones que lograron recuperar los cimientos de la casona que funcionó como Centro Clandestino de Detención, además de miles de objetos y testimonios que reconstruyeron la materialidad del horror.
Ese trabajo científico llevado adelante por un grupo de arqueólogos y antropólogos, encabezados por la arqueóloga y ex directora de Derechos Humanos del Municipio, Antonella Di Bruno, se convirtió en prueba judicial contundente: la recuperación de pisos, mayólicas y estructuras permitió a los sobrevivientes identificar con precisión los espacios de detención y tortura. “Nosotros pusimos a disposición de la Justicia Federal todo lo que investigamos. Esa fue siempre nuestra obligación: que la verdad tuviera sustento, que los testimonios de los compañeros y compañeras tuvieran respaldo material”, señaló Sabbatella.
“Reconforta saber que los crímenes no quedan impunes y que la Memoria sigue activa gracias a la lucha incansable de los organismos y de quienes nunca bajamos los brazos frente al negacionismo o la reivindicación de los genocidas”, señaló Sabbatella quien estuvo presente en la lectura de la sentencia. “Es un día muy importante para los sobrevivientes, para los familiares y para toda la comunidad de la zona oeste. Cada condena es una victoria de la Democracia frente a los que creyeron que podían matar, torturar y desaparecer personas sin rendir cuentas”, finalizó el ex jefe comunal.
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