Organizaciones del sector de discapacidad convocan a movilizar este miércoles 22 de abril frente al Ministerio de Salud de la Nación en rechazo al proyecto oficial denominado “Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” y para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El reclamo se da en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y prestadores, familias y personas con discapacidad.
El proyecto impulsado por la gestión de Javier Milei propone cambios profundos en el sistema de pensiones no contributivas. Entre sus puntos centrales, establece un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios, quienes deberán volver a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales bajo riesgo de perder el beneficio en caso de no cumplir con los requisitos. Además, incorpora auditorías periódicas, cruces de datos entre organismos estatales y mayores controles sobre los otorgamientos.
La iniciativa también redefine el acceso a las pensiones, endureciendo los criterios: solo podrán acceder quienes acrediten imposibilidad total para trabajar, eliminando la compatibilidad con el empleo formal que contemplaba la normativa vigente. A su vez, fija el monto de la prestación en el 70% del haber mínimo jubilatorio y plantea modificaciones en el financiamiento del sistema. En paralelo, el proyecto busca derogar artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que implicaría un retroceso en derechos ya adquiridos.
Desde las organizaciones advierten que el foco en el “fraude” instala una mirada estigmatizante y corre el eje de la discusión. “Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”, señalan. Y remarcan que la problemática real pasa por el deterioro del sistema: atraso arancelario, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo.
El conflicto se agrava por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue sancionada por el Congreso para garantizar financiamiento, actualización de aranceles y regularización de deudas con prestadores. Aunque el Gobierno fue obligado por la Justicia a implementarla, su aplicación sigue siendo parcial y con demoras, afectando el acceso a terapias, transporte y servicios básicos.
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