Familiares de personas con discapacidad presentaron una denuncia penal contra la cúpula del Ejecutivo nacional. Acusan al Gobierno de una “política dolosa” de desamparo e intentar derogar la Ley de Emergencia para evadir sus responsabilidades ante la Justicia.
La causa tramita bajo el número CFP 1624/2026, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
La denuncia patrocinada por el Dr. Javier Garín alcanza al Presidente de la Nación, Javier Milei, al Ministro de Salud, Mario Lugones, al Ex Director Ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnuolo, y al Secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches. Los funcionarios son señalados por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, abandono de persona y abuso de poder.
Definen la situación actual como un “genocidio por goteo” y sostienen que el recorte de medicamentos, la interrupción de terapias y el desmantelamiento de la asistencia no son errores de gestión, sino una agresión sistemática y deliberada contra el colectivo más vulnerable del país.
”La falta de atención ininterrumpida y el retaceo de recursos están provocando daños irreversibles, que en muchos casos ponen en riesgo la vida. “Es un plan criminal”, denunciaron varios damnificados.
Esta semana, el Ejecutivo envió al Senado un proyecto para derogar la Emergencia en Discapacidad. Esta ley, votada por la oposición y ratificada judicialmente, es el último freno legal contra el ajuste en el sector.
Estrategia de impunidad: Los familiares denuncian que el Gobierno busca cambiar las reglas de juego para no cumplir con los fallos judiciales que les exigen garantizar las prestaciones.
Nuevos requisitos excluyentes: El proyecto oficialista pretende endurecer el acceso a las pensiones, lo que significaría la exclusión de miles de beneficiarios por vías administrativas.
Vaciamiento del Plan Incluir Salud: La falta de pagos está llevando a la quiebra a centros de rehabilitación e instituciones históricas.
Suspensión de Pensiones y Auditorías Irregulares: Un mecanismo de presión para reducir el padrón de beneficiarios.
Riesgo de Vida Inminente: La interrupción de esquemas farmacológicos y de rehabilitación pone en peligro directo la integridad física de miles de ciudadanos.
Medio de comunicación autogestivo con noticias locales y de la región.
