El acusado llegó desde Perú bajo un fuerte operativo internacional y fue indagado por el Juzgado Federal N°2 de Morón. Está imputado por el brutal crimen de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda Del Castillo, ocurrido en 2025.
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue extraditado desde Perú y ya se encuentra en la Argentina, donde este martes declaró ante el Juzgado Federal N°2 de Morón. La indagatoria se realizó vía Zoom desde el penal de Marcos Paz, donde quedó alojado tras su llegada al país.
El traslado se concretó en un avión de la Fuerza Aérea que partió desde Lima, con escalas en la región, y aterrizó en la base aérea de El Palomar. Desde allí fue llevado bajo custodia de la Policía Federal al Servicio Penitenciario Federal.
Durante la audiencia, el imputado aceptó declarar pero negó su participación en el hecho. La causa está a cargo del juez Jorge Rodríguez, con investigación del secretario Ignacio Calvi, y lo acusa como coautor de un crimen que podría derivar en prisión perpetua.
El 19 de septiembre de 2025, cuando Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda Del Castillo (20) fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta. Las tres jóvenes fueron llevadas a una casa en Florencio Varela, donde fueron brutalmente torturadas, asesinadas y enterradas.
Los cuerpos fueron hallados días después, enterrados en el fondo de una vivienda en la zona de Villa Vatteone, tras un operativo que siguió la señal del celular de una de las víctimas. La investigación determinó que el crimen estuvo atravesado por una lógica de violencia extrema, con indicios de venganza vinculada al narcotráfico.
Según los investigadores, “Pequeño J” sería uno de los principales responsables dentro de una estructura narco con base en el conurbano bonaerense. Testimonios y pruebas lo ubican en la escena del crimen y en la organización del ataque.
En la causa hay más de diez imputados, entre ellos ciudadanos argentinos y peruanos, algunos detenidos y otros aún prófugos. La hipótesis principal apunta a un ajuste de cuentas dentro de una organización criminal, aunque el grado de participación de cada acusado continúa bajo análisis judicial. Mientras avanza la investigación, familiares de las víctimas y organizaciones sociales siguen reclamando justicia por uno de los casos más brutales de los últimos años en el conurbano.
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