Durante la presentación de un informe institucional, dirigentes y consejeros afirmaron que la expresidenta Cristina Fernández cumple una prisión domiciliaria con restricciones excepcionales que no se aplican a condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. “No tiene fundamentos jurídicos ni responde a criterios de justicia; es una decisión política”, aseguró Mariano Recalde.
Consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación presentaron este viernes un informe institucional sobre las condiciones de detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner y aseguraron que la expresidenta atraviesa un régimen “arbitrario y discriminatorio”, con restricciones más severas que las aplicadas a otros condenados por delitos federales.
La actividad se desarrolló en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y contó con la participación de Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti. El documento fue elaborado a partir de pedidos de Acceso a la Información Pública y compara las condiciones de detención de distintos internos con prisión domiciliaria.
Uno de los planteos centrales fue el del senador Mariano Recalde, quien sostuvo que “Cristina es una presa política” y afirmó que el informe presentado “demuestra que esta decisión no tiene fundamentos jurídicos ni responde a criterios de justicia; es una decisión política destinada a impedir que Cristina reorganice al peronismo y continúe haciendo política”.
Según el informe presentado, más de la mitad de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones, mientras que Cristina Fernández de Kirchner está sujeta a limitaciones para recibir personas en su domicilio y controles sobre sus desplazamientos.
PEORES CONDICIONES QUE NARCOS Y REPRESORES
Cristina tiene que usar tobillera electrónica y solo puede recibir visitas 2 veces por semana, durante 2 horas y no más de 3 personas.
Ni a los narcos ni a los condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen prisión domiciliaria… pic.twitter.com/TpVeylb49x
— Mariano Recalde (@marianorecalde) June 9, 2026
En ese sentido, la consejera Vanesa Siley aseguró que la expresidenta es la única persona detenida por delitos vinculados al ejercicio de la función pública que enfrenta este tipo de restricciones, incluso al compararla con condenados por asociación ilícita, narcotráfico o trata de personas. “A los dirigentes que representan los intereses de las mayorías no se les gana por la vía democrática. Los formalismos institucionales permanecen, pero las garantías fundamentales son vulneradas. A Cristina la juzgaron dos veces por los mismos hechos, no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales”, consideró.
Por su parte, Rodolfo Tailhade afirmó: “Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país. Incluso las encuestas que publican los medios más hostiles la muestran con la mejor imagen”.
Durante la presentación también se cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial. Anabel Fernández Sagasti sostuvo que la Justicia atraviesa una profunda crisis institucional, mientras que César Grau trazó paralelismos históricos entre la situación de Cristina Fernández de Kirchner y otros líderes populares que, según planteó, fueron perseguidos mediante mecanismos políticos y judiciales.
El informe concluye que las condiciones de detención de la expresidenta constituyen un tratamiento excepcional que, de acuerdo con los consejeros que impulsaron el documento, carece de fundamentos jurídicos objetivos y responde a una decisión de carácter político.
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