La presentación de Javier Baños alcanza al intendente Lucas Ghi, funcionarios municipales y a representantes de la firma ENOD S.A. El abogado cuestiona la operación sobre el tramo de Donato Álvarez, entre Cochabamba y Presidente Sarmiento, por su tasación, la falta de estudios y los posibles perjuicios para los vecinos.
El abogado Javier Baños (reconocido en estos días por llevar adelante la defensa del músico Cristian “Pity” Álvarez en el juicio donde se le imputa un homicidio), pide a la Justicia que investigue posibles delitos vinculados con el proyecto para desafectar del uso público y eventualmente vender a una empresa privada un tramo de la calle General Donato Álvarez, entre Cochabamba y Presidente Sarmiento, en el límite entre Morón y Haedo. La presentación alcanza, de manera potencial, al intendente Lucas Ghi, funcionarios municipales que intervinieron en el trámite y a representantes de ENOD S.A., firma interesada en adquirir el espacio.
El proyecto que comenzó a tramitarse en 2024 y llegó al Concejo Deliberante en 2025 contempla la posibilidad de que ENOD compre el tramo de la arteria que actualmente separa establecimientos industriales, con el objetivo de unirlos físicamente y avanzar con una ampliación de la planta.
La compañía manifestó que el proyecto supondría una inversión cercana a los 10 millones de dólares y la incorporación de entre 80 y 100 nuevos trabajadores.
La discusión por el valor de la calle
Uno de los aspectos más fuertes de la denuncia es el cuestionamiento a la tasación. De acuerdo con el escrito presentado por Baños, en las actuaciones aparece un valor preliminar cercano a los US$160 por metro cuadrado. Sin embargo, durante la audiencia pública en la que se discutió el proyecto se mencionaron valores de la zona que podrían alcanzar aproximadamente los US$2.000 por metro cuadrado.
El denunciante no sostiene que ese último monto sea necesariamente el precio que corresponda aplicar, pero considera que la diferencia amerita una investigación y una valuación independiente. Según consta en la presentación, el director de Catastro explicó que, al tratarse de una calle sin nomenclatura catastral, el Tribunal de Tasaciones de la Nación no había realizado inicialmente la valuación y se recurrió al Colegio de Martilleros de Morón. El funcionario también señaló que los US$160 constituirían un valor para iniciar el trámite y no necesariamente el definitivo.
Para Baños, la cuestión excede el precio del terreno porque se trata de un bien destinado al uso público. En su denuncia sostiene que la eventual pérdida de Donato Álvarez debe analizarse también en función de su utilidad para la circulación, las emergencias y la conectividad del barrio, además del beneficio económico que obtendría la compañía al poder integrar sus establecimientos.
Sin estudio de impacto ambiental
La presentación judicial también pone el foco sobre los estudios realizados antes de avanzar con la iniciativa. Según surge de la denuncia, durante la audiencia pública se reconoció que el expediente no contaba con un estudio de impacto ambiental y que existían informes o evaluaciones elaborados por dependencias del propio Ejecutivo municipal.
Baños plantea además que la ubicación de la calle obliga a evaluar las consecuencias viales de un eventual cierre. El sector se encuentra próximo al paso a nivel de Pueyrredón, por lo que reclama estudios específicos sobre circulación, evacuación y respuesta frente a accidentes, interrupciones ferroviarias u otras emergencias, incluyendo el desplazamiento de ambulancias, bomberos y patrulleros.
Basura, residuos y reclamos por el estado de la zona
Otro capítulo de la denuncia está relacionado con las condiciones ambientales y urbanas del lugar. Baños, que se presenta además como vecino de Morón, denunció la existencia de veredas deterioradas y acumulación de maderas, pallets, desperdicios y otros residuos en los alrededores de los establecimientos industriales. También señaló la presunta dispersión de fibras provenientes de la actividad fabril hacia propiedades cercanas.
El origen de esos residuos es, justamente, uno de los puntos controvertidos. Según la presentación, durante la audiencia pública una concejala que había recorrido el sector sostuvo que parte de la basura correspondía a restos que atribuía a la empresa. Los representantes de la compañía rechazaron esa acusación y afirmaron que terceros arrojan residuos y escombros en el lugar debido a que se trata de una zona poco transitada. Ante las versiones contrapuestas, Baños pidió que la situación sea investigada y que se determine si existen infracciones ambientales, sanitarias o vinculadas con la disposición de residuos.
Qué le pide Baños a la Justicia
La denuncia solicita que se abra una investigación penal preparatoria y que se requieran al Municipio y al Concejo Deliberante los expedientes completos relacionados con la desafectación y eventual transferencia de Donato Álvarez. Entre las medidas propuestas aparecen una tasación judicial independiente, pericias contables, económicas, patrimoniales, viales y ambientales, además de una inspección ocular del lugar para constatar las condiciones de tránsito, los accesos y la acumulación de residuos.
Baños también reclamó medidas urgentes para conocer en qué instancia se encuentra el proyecto y si ya existe una fecha prevista para su tratamiento legislativo, promulgación, escrituración, entrega de posesión o cierre físico de la arteria. Incluso solicitó que se evalúen medidas preventivas para evitar modificaciones irreversibles mientras se investigan los hechos.
La presentación menciona de manera provisoria posibles figuras penales vinculadas con delitos contra la administración pública. Ahora, la Justicia deberá investigar la operación y determinar si existieron irregularidades o responsabilidades penales.
LA DENUNCIA COMPLETA
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