Diputados y diputadas bonaerenses de Unión por la Patria rechazaron el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos impulsado por el Gobierno nacional. Advirtieron por el posible impacto sobre las tarifas, la expansión de las redes de agua y cloacas en el Conurbano y el control estatal de un recurso que consideran estratégico.
Legisladores bonaerenses de Unión por la Patria expresaron su “rechazo categórico” al proceso de privatización de AySA y cuestionaron la política impulsada por el Gobierno nacional. A través de un documento, plantearon que el debate excede el futuro de una empresa y alcanza directamente al acceso al agua potable, el saneamiento y la planificación de las obras necesarias para ampliar ambos servicios.
“No se trata de una mera operación empresaria. Se trata de la entrega de un recurso estratégico, de un derecho humano y de una herramienta central para el desarrollo nacional”, señalaron los diputados y diputadas provinciales.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el impacto económico que, según el bloque, tendría el traspaso de la compañía al sector privado. Los legisladores sostuvieron que el Estado se desprendería de “un activo rentable y estratégico, construido con inversión pública durante décadas” y advirtieron que una gestión privada podría trasladar la búsqueda de rentabilidad hacia las tarifas que pagan los usuarios.
En ese punto, UxP recurrió como antecedente a la concesión de Aguas Argentinas durante la década del 90 y afirmó que entonces las tarifas aumentaron más de un 80% en términos reales. “La lógica privada es cobrar más por menos servicio”, cuestionaron. Además, señalaron que actualmente ya se produjeron incrementos superiores al 300%, junto con reducción de personal y paralización de obras.
El impacto sobre el Conurbano
Otro de los ejes del planteo está puesto sobre las consecuencias sociales y ambientales que podría tener la privatización, particularmente en aquellos sectores de la provincia de Buenos Aires que todavía no cuentan con redes de agua potable o cloacas.
“Donde no hay agua potable y cloacas, hay enfermedad, desigualdad y contaminación”, afirmaron. Según el documento, la falta de infraestructura obliga a numerosas familias bonaerenses a depender de pozos o camiones cisterna, mientras que la ausencia de cloacas puede generar contaminación de napas y cursos de agua.
Los legisladores también cuestionaron lo ocurrido durante la anterior gestión privada del servicio. Según sostuvieron, la expansión de las redes se concentró entonces en las zonas de mayores ingresos de la Ciudad de Buenos Aires y el norte del Conurbano, mientras que otros sectores quedaron relegados por no resultar económicamente rentables.
Como contrapartida, destacaron la etapa de gestión pública iniciada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner y aseguraron que desde entonces “se incorporaron más de 11 millones de personas al servicio de agua y 8 millones a cloacas”, con una política que, según remarcaron, priorizó al segundo y tercer cordón del Conurbano.
“El agua es un derecho, no una mercancía”
El tercer punto del documento se concentra en el carácter estratégico del servicio. “El agua no es una mercancía. Es un derecho humano reconocido por la ONU y por nuestra Constitución Nacional, y es un recurso estratégico para la soberanía nacional”, expresaron.
Desde UxP consideraron que mantener AySA bajo control estatal permite planificar la expansión de los servicios, las políticas ambientales y las obras de infraestructura en el área más poblada del país. Por ese motivo, definieron el avance privatizador como “un retroceso económico, social, ambiental y soberano”.
Finalmente, los legisladores reclamaron al Gobierno nacional que detenga el proceso y reactive las obras y programas de expansión que, según denunciaron, fueron paralizados. También ratificaron su rechazo a que la prestación de un servicio esencial quede determinada por criterios de rentabilidad.
“La Argentina necesita más agua potable y más cloacas. No menos Estado”, concluyeron.
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