El dirigente Francisco Mones Ruiz, se presentó ante el Tribunal de Cuentas bonaerense al detectar 30 actos administrativos irregulares, entre ellos falta de información sobre el presupuesto por $279.000 millones, contrataciones, subsidios y designaciones de personal. El organismo provincial deberá evaluar si corresponde investigar y sancionar a los responsables.
La Coalición Cívica de Morón denunció al gobierno municipal de Lucas Ghi ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por presuntos incumplimientos en la publicación del Boletín Oficial. La presentación fue realizada por Francisco Mones Ruiz, exconcejal y referente del espacio, quien cuestionó la falta de acceso a información sobre el manejo de fondos públicos, contrataciones, personal y decisiones administrativas del Ejecutivo.
La denuncia, fechada el 7 de octubre y registrada bajo el número 19606-2026, fue dirigida al presidente del organismo provincial, Federico Gastón Thea, cuya sede se encuentra en La Plata. El escrito apunta al Departamento Ejecutivo de Morón y a los funcionarios responsables de confeccionar y difundir el Boletín Oficial, particularmente a las áreas de Legal y Técnica y Asuntos Técnicos. Según Mones Ruiz, la administración municipal incumple obligaciones establecidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Ordenanza 4492/02.
El relevamiento de la Coalición Cívica abarcó 18 ediciones del Boletín Oficial publicadas durante 2026. En 12 de ellas identificó 30 actos administrativos cuyos anexos fueron omitidos bajo la explicación de que debían solicitarse por separado, debido a supuestas “razones de espacio”. De ese total, 23 corresponden a cuestiones vinculadas con presupuesto, gastos, contrataciones o personal municipal, es decir, información necesaria para conocer cómo se administran los recursos públicos.
Entre los documentos faltantes figuran las planillas del Presupuesto 2026, aprobado por más de $279.377 millones, y el detalle de una modificación presupuestaria cercana a los $3.900 millones. También aparecen los montos de las cajas chicas de las dependencias municipales, beneficiarios de subsidios, escalas salariales, designaciones de personal, cuadros tarifarios y la reglamentación de la Policía Municipal.
“El Boletín Oficial se publica en formato digital. No hay ninguna razón de espacio: hay una decisión de que los vecinos no sepan en qué se gasta su plata”, afirmó Mones Ruiz. El dirigente también cuestionó que el Municipio haya difundido boletines de más de cien páginas con las ordenanzas fiscal e impositiva, pero no los anexos de otras decisiones administrativas.
Los aumentos de tasas y las reglas de la Policía Municipal
Uno de los puntos bajo la lupa es la publicación de los cuadros tarifarios correspondientes a tres aumentos del 5% en las tasas municipales, previstos para marzo, mayo y julio de 2026. La denuncia identifica las resoluciones 017/2026, 031/2026 y 058/2026 de la Secretaría de Economía y Finanzas, que informaron las actualizaciones sin incorporar los anexos con los valores resultantes. De acuerdo con Mones Ruiz, esto impide que los vecinos conozcan a través del Boletín Oficial cuánto deben pagar por los tributos municipales.
Otro caso señalado es el de la Policía Municipal de Morón, creada mediante el Decreto 1519/2026. Según la presentación, el Ejecutivo publicó la creación del programa, pero omitió el anexo que contiene su reglamentación, donde se establecen aspectos vinculados con la organización, el ingreso del personal, el uso de la fuerza y la aprehensión de personas. El planteo cobra especial relevancia porque el propio decreto dispone que el programa entra en vigencia desde su publicación, mientras que las reglas que deberían regular su funcionamiento no fueron difundidas íntegramente por esa vía.
Decretos resumidos y un reclamo de años
La presentación incorpora otro cuestionamiento: de los 1.638 decretos incluidos en los primeros 15 boletines ordinarios de 2026, un total de 1.020 (el 62%) fueron publicados únicamente en forma sintetizada. Según la denuncia, esas versiones omiten los fundamentos, los expedientes administrativos y las firmas de los funcionarios, lo que dificulta conocer los motivos y las responsabilidades detrás de cada decisión gubernamental.
Mones Ruiz, quien fue concejal entre 2021 y 2025, integró el bloque Juntos y se desempeñó como secretario de Derechos Humanos durante la gestión de Ramiro Tagliaferro (PRO), sostiene que los problemas de acceso a la información no son nuevos. Durante su paso por el Concejo Deliberante impulsó distintos reclamos y, en 2024, acudió al Tribunal de Cuentas cuando el Municipio acumulaba diez quincenas sin publicar el Boletín Oficial. “Los vecinos tienen derecho a saber quiénes son los titulares de las cajas chicas y por qué montos, o cuántos miles de millones de pesos se reimputan de un año a otro”, sostuvo.
En su presentación, la Coalición Cívica solicita que el Tribunal de Cuentas verifique los incumplimientos, requiera los anexos omitidos y los decretos de reafectación presupuestaria de los últimos años, e intime al Ejecutivo a garantizar su publicación completa y su disponibilidad en espacios públicos. También pide que se determinen las responsabilidades de los funcionarios involucrados y se apliquen sanciones de ser correspondiente.
¿Qué sanciones podrían recibir Ghi y los funcionarios denunciados?
La Ley 10.869, que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas bonaerense, contempla distintas sanciones cuando se comprueban irregularidades en el control de los fondos públicos, obstrucciones a la fiscalización o incumplimientos de sus resoluciones. Entre ellas figuran apercibimientos, amonestaciones y multas que pueden ir de dos a veinte sueldos mínimos de la administración pública provincial.
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