En los primeros seis meses de gestión se puede ver el desmantelamiento de políticas de memoria que son claves para el acceso a los Derechos Humanos.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un informe titulado “Terrorismo de estado y políticas de memoria, a seis meses del gobierno de Javier Milei”, donde realizan un relevamiento de recortes y decisiones que ha tomado esta gestión en materia Derechos Humanos.
Entre los ejemplos de desmantelamiento de políticas de memoria, verdad y justicia, en las que Argentina es vanguardia, se encuentran el relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas y el registro audiovisual de los juicios por delitos de lesa humanidad. A otras políticas, como las reparaciones, las pusieron en suspenso o las fueron debilitando, entre ellas las relacionadas con la preservación y funcionamiento de sitios de memoria.
“La política de memoria, verdad y justicia se ve afectada por una combinación del ajuste general de los fondos públicos y el desfinanciamiento y/o vaciamiento de estructuras” relata el informe y agrega que “en marzo, fueron despedidos dieciocho trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El gobierno los reincorporó en condiciones de extrema precariedad con contratos trimestrales”.
A esta situación, se suma el discurso sistemático de los máximos funcionarios del gobierno, que luego se replican en las redes sociales y la sociedad misma, que caracterizan al proceso de justicia como un acto de hostigamiento y humillación a las Fuerzas Armadas, a la educación en derechos humanos como adoctrinamiento, a las políticas de reparación como un “curro de los derechos humanos”, y a las políticas de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas como un “accionar paraestatal”.
Además, este gobierno se caracteriza por sostener posiciones revisionistas y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado durante la última dictadura, adhiriendo a la “teoría de los dos demonios”, no solo en sus posturas personales de las figuras políticas que conforman esta gestión, sino también en los discursos oficiales de la casa de gobierno y vocería presidencial.
“Este tipo de posiciones representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simboliza el Nunca Más para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación” afirman desde el CELS.
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