El Poder Ejecutivo, con la firma de todos los ministros, decidió reasignar partidas presupuestarias con recortes del gasto en varios ministerios, reforzar seguridad y habilitar avales a gobernaciones para acceder a deuda externa.
Ante la falta de aprobación del Presupuesto 2025, el Poder Ejecutivo decidió prorrogar el Ejercicio 2023 para dar continuidad al ajuste. En ese marco, implementó una reasignación de partidas presupuestarias para este año, a través del Decreto 186/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial.
Según el documento oficial, la reasignación de partidas tiene como objetivo garantizar el funcionamiento de servicios esenciales, priorizando áreas críticas como seguridad, salud, energía y educación.
Entre los principales puntos del decreto se destacan:
- Reasignación de fondos: Se incrementan partidas para el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de fortalecer el monitoreo de personas procesadas o condenadas. También se destinan más recursos al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad, con foco en la auditoría de pensiones por invalidez. En contrapartida, se reducen las transferencias estatales a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
- Inversión energética: Se refuerzan los aportes a Energía Argentina S.A. (Enaersa) para cubrir gastos asociados a la obra hidroeléctrica Cóndor Cliff – La Barrancosa, en Santa Cruz.
- Deuda de distribuidoras eléctricas: Se establece un régimen especial de regularización para las distribuidoras que mantienen deudas con Cammesa y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluyendo planes de pago en hasta 72 cuotas. Además, se lanza un programa de créditos para aquellas distribuidoras que han cumplido con sus compromisos.
- Financiamiento para provincias: Se habilita al Gobierno nacional a otorgar avales para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedan a crédito externo. También se permite saldar deudas provinciales mediante la entrega de bienes inmuebles estatales.
- Aportes internacionales: Se aprueban pagos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por USD 2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 436,9 millones en siete cuotas.
- Educación: Se restablece la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075 para garantizar la distribución automática de fondos educativos a provincias y municipios.
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