Un informe revela una cifra alarmante. La violencia hacia las diversidades va en aumento y más del 50% de los crímenes fueron perpetrados por agentes estatales.
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, dependiente del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, tiene por objeto el relevamiento nacional de datos concretos que visibilicen la violencia que viven cotidianamente en nuestro país lesbianas, gays, bisexuales y trans.
En su último informe, se reveló que durante el primer semestre del 2025 se registraron 102 crímenes de odio contra personas LGBT+. Esto muestra un aumento del 70% respecto al mismo período del año anterior. Estos crímenes, tienen en común que la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para vulnerar sus derechos y la violencia hacia ellas.
Tomando en cuenta las identidades de género del total de las personas de la comunidad LGBT+ víctimas de crímenes de odio dentro de este registro, 72 eran mujeres trans, 17 varones gay cis, 7 lesbianas, 5 varones trans y por último, una persona no binarie.
Ver esta publicación en Instagram
Por otro lado, de los 102 casos, el 16,7 % corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios. El 83,3 % restante de los casos corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir, situaciones de violencia física que no terminaron en muerte.
En cuanto a la autoría material de los crímenes de odio, los datos relevados evidencian que en el 35,3 % de los casos los hechos fueron cometidos por particulares. Sin embargo, en el 64,7 % restante, el Estado aparece como responsable directo de estas violencias. Dentro de este último grupo, se destaca de forma alarmante que en más de la mitad de los casos con autoría estatal, la violencia fue ejecutada por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones.
“Estas violencias no son hechos aislados: son consecuencia directa de discursos estigmatizantes que, desde el poder político, construyen a nuestras identidades como ‘enemigas sociales’. Cuando el Estado legitima el odio, las consecuencias se traducen en muertes, exclusión y violencia institucional”, denuncian desde el Observatorio.
Por último, se destaca la urgencia y la importancia de contar con una Ley Nacional contra la Discriminación y que la justicia encuadre estos delitos como lo que son: crímenes de odio.
.
Medio de comunicación autogestivo con noticias locales y de la región.
