La 4ta Marcha Federal Universitaria tuvo su acto central en Plaza de Mayo y se replicó en varias ciudades del país. Rectores, docentes y estudiantes acompañados por organizaciones políticas, gremiales y sociales exigieron al Gobierno de Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento aprobada en el Congreso. El pedido a la Corte Suprema para que intervenga para que se otorguen los fondos correspondientes. Entre 2023 y 2026 el presupuesto cayó el 41%.
“La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, remarcaron en un documento leído en el momento cúlmine de la movilización.
Posteriormente, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, analizó insitu el impacto de la jornada. “Es muy raro lo que pasa porque uno se emociona mucho; por un lado se pone contento ver el acompañamiento de la sociedad a un reclamo justo, pero por otro lado, ponerse a pensar que hoy tenemos que movilizarnos para defender lo más preciado que tiene la Argentina, que es la educación pública, también te genera un sabor amargo”.
Además, analizó que en las calles se vio una presencia transversal de “chicos de secundarios, abuelos, padres, profesores y médicos”. Respecto a la legitimidad del reclamo, Yacobitti fue tajante al exigir que el Poder Ejecutivo respete la división de poderes y la normativa vigente. “Lo que pedimos es que el gobierno haga ni más ni menos lo que tiene que hacer constitucionalmente, que es cumplir la ley; cumplir una ley de financiamiento universitario que votó el congreso y que ratificó luego de un veto con amplia mayoría”, señaló. Según explicó, se trata de una “ley muy sobria” cuyo eje central es “sacar a los profesores y a los trabajadores de las universidades de la línea de la pobreza”.
El vicerrector advirtió sobre el deterioro institucional y profesional que provoca la falta de fondos, señalando que la lucha se trasladará también al plano judicial. “Lo vamos a seguir haciendo todas las veces que sea necesario para que también la justicia, la cámara contencioso administrativo y la Corte Suprema de Justicia obliguen al gobierno a cumplir la ley de inmediato”, afirmó. Además, denunció que la crisis empuja a la deserción docente: “Hay muchos profesores que tienen que dejar sus funciones, hoy lo que tiene que hacer un profesor es andar saltando de un trabajo al otro si es que todavía no dejó la universidad”.
Frente a las acusaciones del oficialismo que intentaron deslegitimar la convocatoria tildándola de “marcha política”, Yacobitti defendió el carácter ciudadano del encuentro. “Si hay algo que nadie puede negar es que esta fue una gigantesca movilización ciudadana. El gobierno lo puede escuchar o no, pero lo que hoy vimos en la Argentina fue algo sumamente emocionante”, sostuvo. Asimismo, desmintió las críticas sobre la falta de transparencia: “Las universidades públicas argentinas están auditadas por la AGN; de hecho, vendría bien que el gobierno las audite y no que intente desacreditar con videos que no tienen una sola verdad”.
Finalmente, el referente de la UBA cuestionó la gestión de los recursos por parte de la Casa Rosada y reafirmó el compromiso de las casas de estudio. “El gobierno tiene que dar muchísimas explicaciones por cómo gasta los fondos”, consideró.
INFORME CEPA: LOS NÚMEROS QUE DEJA EL PASO DE LA MOTOSIERRA
– El presupuesto universitario acumuló una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025 y del 41,6% respecto de 2023 considerando el presupuesto vigente de 2026.
– De haberse aplicado la Ley insistida, el presupuesto universitario habría aumentado 33,8% respecto de 2025 y quedado 1,9% por encima de 2023. En cambio, el proyecto del Gobierno implicaría una caída de 13,1% frente a 2025 y de 33,9% respecto de 2023.
– Entre noviembre 2023 y abril 2026 el salario real docente y no docente cayó 34,2%. La mayor pérdida ocurrió entre diciembre de 2023 y julio de 2024 (-23,1%). Durante 2025 los salarios volvieron a caer 10,1%, acumulando una pérdida de 32,1% hacia diciembre de ese año.
– En abril 2026, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes niveles 1 y 2 superan la línea de pobreza. En el caso de la línea de indigencia, únicamente los docentes titulares y asociados semi-exclusivos se ubican por encima.
– La Ley insistida proponía una recomposición salarial mínima del 44%, que habría dejado los salarios apenas 1,3% por debajo de noviembre de 2023. El proyecto del Gobierno plantea aumentos trimestrales no acumulativos de 4,1% (12,3% total), por debajo de la inflación proyectada hasta septiembre de 2026 (23,6%), lo que implicaría una nueva caída del salario real.
– Un JTP semi-exclusivo sin antigüedad pasó de percibir el equivalente a $1.187.482 en noviembre 2015 a $584.413 en abril 2026 (pesos de septiembre 2026), acumulando una caída real del 50,8%. Con la Ley insistida ese salario habría alcanzado $888.794 (-25,2% respecto de 2015), mientras que con el proyecto oficial sería de $547.748, profundizando la pérdida real hasta el 53,9%.
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