El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Morón, Hurlingham e Ituzaingó, Adrián Casanga, cuestionó el anteproyecto del Gobierno de Milei que busca modificar la Ley de Farmacias. Defendió el rol sanitario del rubro y aseguró que “es una falacia decir que la libre competencia va a abaratar los medicamentos”.
El anteproyecto de reforma de la Ley de Farmacias que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, genera un amplio rechazo entre los profesionales del sector. El titular de la entidad que agrupa a más de 180 comercios en la región advirtió que la iniciativa “pone en riesgo la salud de la población” al habilitar la venta de medicamentos fuera de las farmacias y flexibilizar el funcionamiento de los establecimientos.
En diálogo con Cambio de Frente, por la Radio Pública del Oeste 89.3, Casanga sostuvo que el proyecto retoma buena parte de las medidas incluidas en el DNU 70/2023 y cuestionó, entre otros puntos, la posibilidad de que un mismo farmacéutico quede a cargo de varias farmacias. “¿Cómo va a estar un farmacéutico al frente de distintos establecimientos si es el responsable de cada dispensa? Siempre detrás del mostrador hay un profesional que asesora al paciente y supervisa cada medicamento que se entrega”, afirmó.
El dirigente también calificó como “una aberración” la posibilidad de que las droguerías puedan vender directamente al público y consideró que el objetivo central del proyecto es habilitar la venta de medicamentos de venta libre en supermercados, kioscos y otros comercios. “Eso es lo más terrible que le puede pasar a la población. Siempre tiene que haber un profesional detrás del medicamento porque puede traer consecuencias para bien o para mal. Muchas veces una simple consulta en la farmacia evita un error en la automedicación”, señaló.
Casanga también rechazó el argumento oficial de que una mayor competencia permitirá bajar los precios. “Es una falacia decir que la libre competencia va a abaratar los medicamentos. La farmacia no fija los precios; los define el Estado junto con los laboratorios. Las herramientas para intervenir ya existen”, remarcó. Además, advirtió que ampliar la categoría de venta libre también implica perder la cobertura de obras sociales y prepagas. “Cuando un medicamento deja de venderse bajo receta, también deja de tener cobertura. Eso termina perjudicando directamente a los pacientes”, explicó.
En ese contexto, alertó sobre el deterioro que atraviesa el acceso a los tratamientos. Según indicó, las farmacias de la región registran una caída cercana al 20% en la dispensa de recetas y cada vez son más los pacientes que dejan de comprar alguno de los medicamentos recetados por razones económicas. “Muchas personas llegan con una receta de dos o tres medicamentos y terminan llevando solo uno porque no les alcanza el dinero. Esa discontinuidad de los tratamientos ya la vivimos en los años ’90 y nos costó tres décadas reconstruir un sistema donde el medicamento vuelva a ser considerado un bien social y no un simple bien de consumo”, sostuvo.
Por último, el presidente del Colegio de Farmacéuticos defendió el rol sanitario de las farmacias como primer nivel de atención y advirtió que cualquier debilitamiento del sistema terminará impactando sobre el resto de la red de salud. “La farmacia es un centro primario de atención. Descomprimimos permanentemente a las salas y centros de salud resolviendo consultas menores y orientando a los pacientes. En un contexto donde el sistema público ya está saturado y muchas personas dejaron de acceder a sus tratamientos por la crisis económica, quitar al farmacéutico de ese circuito solo agravará el problema”, concluyó. Además, expresó su confianza en que la provincia de Buenos Aires no adhiera a una eventual reforma nacional, ya que cuenta con una legislación propia que mantiene la venta de medicamentos exclusivamente dentro de las farmacias.
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