La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación de la Ley 27.801, al considerar que el sistema no cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos necesarios para afrontar un posible aumento de adolescentes detenidos.
Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación de Centros Barriales Familia Grande Hogar de Cristo, con el patrocinio letrado de Patricia Liguori, en representación de los adolescentes privados de la libertad en la provincia de Buenos Aires.
Desde la Federación señalaron que el planteo no busca discutir la ley “en abstracto”, sino advertir que la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años y la aplicación plena de la escala penal podrían incrementar la cantidad de personas detenidas en centros que, según sostienen, actualmente no cuentan con la infraestructura edilicia, educativa y profesional necesaria para garantizar los estándares establecidos por la normativa vigente.
El planteo sostiene que la incorporación de adolescentes al universo de personas punibles puede aumentar la cantidad de detenidos y que los dispositivos provinciales no contarían actualmente con la infraestructura edilicia, educativa y profesional necesaria para afrontar esa situación. La magistrada puso el foco precisamente en determinar si existen las condiciones para alojar a esa nueva población bajo los estándares previstos para la protección de niños y adolescentes.
Como parte de la resolución, Pascual convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que responsables bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar las medidas adoptadas y los plazos previstos para adecuar el sistema.
Una ley sancionada en febrero
La Ley 27.801 fue sancionada por el Congreso Nacional el 27 de febrero de 2026, promulgada el 6 de marzo y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. El nuevo régimen comenzó a regir el 5 de septiembre y reemplazó al sistema vigente desde 1980, estableciendo la responsabilidad penal desde los 14 años. Este lunes 7 de septiembre, además, el Gobierno nacional publicó el Decreto 875/2026 que reglamentó la norma y designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.
Críticas del Gobierno nacional y respuesta de la Provincia
La suspensión generó cuestionamientos desde el oficialismo nacional. La senadora Patricia Bullrich acusó al gobernador Axel Kicillof de ponerse “del lado de los delincuentes”, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuestionó el silencio del mandatario bonaerense. Luis Petri también rechazó la decisión y reclamó que se aplique la ley.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió a Santilli y planteó que la implementación del nuevo régimen requiere recursos. “Bajar la edad de imputabilidad no alcanza. ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud?”, señaló.
Alonso también reclamó al Gobierno nacional por los fondos destinados a la Provincia y sostuvo: “Sin estructura, recursos e inversión, su reforma es apenas una modificación en los papeles. Un eslogan de campaña”. Además, cuestionó que Santilli responsabilizara al Ejecutivo provincial por una resolución adoptada por el Poder Judicial.
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