El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 10, a cargo de la jueza Edith Irene Rota, dio lugar al recurso de amparo solicitado por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, para frenar los tarifazos en los servicios de luz, gas y agua potable tanto para los hogares como para las empresas del municipio, los clubes de barrio, los centros de jubilados, la Universidad Nacional de La Matanza y demás asociaciones sociales y deportivas.
La Justicia resolvió establecer “la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos”, que las facturas que aún no hayan sido emitidas se hagan con el tarifario anterior a los aumentos y que, en caso de haberse emitido y los abonados hayan pagado el monto con el aumento, “los importes deberán tenerse por pagados ‘a cuenta’, reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total”.
Magario destacó que este amparo es un logro de toda la sociedad matancera. “Nos sentimos muy satisfechos con la resolución de la jueza porque se hace justicia con nuestro municipio. Todos los sectores sociales y productivos de La Matanza acompañaron esta solicitud que ahora se convierte en un amparo efectivo para evitar que se agrave aún más la crisis desatada por las medidas económicas que hicieron regresar el hambre a nuestros barrios más populares. Esta es una demostración de lo que puede avanzar y lo que se puede lograr con una Matanza unida para defender sus derechos, a su gente, a la Universidad y a nuestras pymes que generan el 90% del empleo de nuestro municipio”, enfatizó la intendenta.
En la resolución emitida, la jueza entiende que Verónica Magario en su carácter de intendenta representa a la totalidad del municipio, y que las medidas de aumento dictadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y por la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, “son susceptibles de generar un perjuicio irreparable a los usuarios de los servicios públicos señalados”.
En tal sentido, la jueza resolvió en primer lugar declararse incompetente para permitir que el caso se remita a la esfera del Justicia Federal, y al mismo tiempo, “hacer lugar a la medida cautelar de no innovar solicitada por la Representante de este Municipio, ordenándose la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos”. La orden judicial es también específica en cuanto a los pasos a seguir a partir de ahora y establece que: se debe “ajustar las facturas que se hubieran emitido bajo los parámetros del tal normativa, a las tarifas previas a las citadas resoluciones, efectuándose nueva liquidación a tal fin”.
Además, en su parágrafo cuarto la resolución advierte que “si la nueva facturación ordenada no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, las citadas empresas deberán admitir el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad a los incrementos establecidos (…), sin que ello pueda implicar, en modo alguno, la interrupción o alteración de los servicios”.
Y en el siguiente parágrafo establece: “para el caso de que los aumentos facturados se hubiesen abonado a la fecha de notificación de la presente, sus importes deberán tenerse por pagados ‘a cuenta’, reintegrándose su monto en las próximas facturas hasta su compensación total. La medida comprende también las boletas que éstas prestadoras emitan en lo sucesivo, que no deberán incluir el aumento previsto en las Resoluciones y Disposiciones señaladas, por el término de tres meses (180 días) a partir de la notificación de la presente”.
El amparo es la primera acción concreta de la “Mesa de Diálogo” de La Matanza de la cual participan la intendenta municipal Verónica Magario; el presidente del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza; el Obispo de la Diócesis de San Justo, Monseñor Eduardo H. García; representantes de la Diócesis de Laferrere, de los Docentes del Distrito, del Foro Obrero Empresario Monseñor Rodolfo Bufano (FOBEM), de la CGT Matanza, CTA, la UOM, UOCRA, del Sindicato empleados de Comercio, del Sindicato de empleados Municipales, de la Cámara de Industria y Comercio de Matanza, de la Federación de Industria y Comercio, de la Confederación General Económica de República Argentina, de la Asociación de Magistrados, del Poder Judicial, de la Universidad Nacional de La Matanza y de la Pastoral Social. Además, están los representantes de los Clubes de Barrio y de los Centros de Jubilados de todo el distrito.
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