Por Santiago González |
Un eco-negocio de 35 millones de dólares, funcionarios desplazados de sus cargos, reclamos al Jefe de Gabinete Marcos Peña; y Julián Rousselot (hijo del ex Intendente de Morón), en el centro de las sospechas.
El caso sucedió a fines del año pasado y se hizo eco recientemente el diario Perfil, en una nota firmada por la periodista Emilia Delfino.
Según se reconstruye en la nota, habría existido una orden directa del Presidente Macri para favorecer la relación con inversores chinos en la compra de buses eléctricos por la suma de 35 millones de dólares.
El 23 de diciembre del 2016 se presentaron cinco empresas oferentes, asociadas a distintas fábricas chinas.
Una comisión técnica dictaminó que había tres empresas que estaban en condiciones de cumplir con los pliegos de la licitación: CTS Auto S.A., Newsan y Vía Bariloche.
En un primer momento, los técnicos del Ministerio de Ambiente de la Nación se inclinaron por la empresa Vía Bariloche, aunque Leticia Pereyra (abogada integrante de la comisión evaluadora), elevó un informe donde sostiene que la oferta más favorable era la de CTS, aunque aclara que de subsanar una serie de faltas, las otras empresas podían acceder al contrato.
Apenas tres días más tarde, el Ministerio decide que no hay lugar para subsanar nada y que se debía adjudicar la compra a CTS, que está asociada a la empresa china BYD.
Lo que ocurre luego es el acto final del escándalo que se venía gestando: el jefe técnico que había dictaminado a favor de Vía Bariloche se niega a firmar un nuevo dictamen favoreciendo a CTS. El ministro Bergman decide entonces remover de su cargo a él y a sus suplentes de la comisión.
Urgentemente conforma otra comisión y para lograr las firmas necesarias autoriza al jefe de informática del ministerio a sustituir al técnico desplazado. El nombre del jefe de informática que con su firma autoriza el acuerdo es Julián Rousselot, quien tres semanas después de haber firmado el dictamen, es ascendido al cargo de Subsecretario de Coordinación Administrativa, el área que se encarga de revisar el aspecto legal de las licitaciones públicas.
Las empresas perjudicadas hicieron saber que recurrirán a la justicia y en el caso de Vía Bariloche, habrían hecho llegar una carta a Marcos Peña.
En dicha carta aclaran: “la Comisión Evaluadora recomienda adjudicar la compra y el servicio técnico por 5 años a la empresa CTS, la cual no registra actividad económica alguna desde su creación, no posee empleados ni instalaciones, y cuyo patrimonio neto asciende a 20 mil pesos”.
