Son datos de las denuncias que investiga el Departamento Judicial de Morón, que incluye casos de Merlo, Ituzaingó y Hurlingham. Una de sus fiscalías solicitó la primera elevación a juicio oral de uno de los tres mayores imputados, hasta el momento, por el delito de “Intimidación pública”.
a ola de amenazas de bomba que comenzó a fines de agosto elevó a 800 las denuncias radicadas en el Poder Judicial de Morón. Se trata de intimidaciones a escuelas y dependencias públicas de los municipios de Morón, Merlo, Ituzaingó y Hurlingham. Uno de los casos llegaría a juicio.
“Desde el 1 de agosto a hoy, llevamos más de 800 expedientes, teniendo en cuenta que cada llamado abre una causa. La mayoría de las comunicaciones fueron al 911 y las otras a los establecimientos educativos. Estamos realizando unos cinco o seis allanamientos por semana”, detalló Ana Daniela Barrozo, una de las titulares de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 (UFI 2).
“Como resultado de estos allanamientos hemos imputado dos mayores y, al menos, un menor por operativo desde que el fiscal general definió concentrar en nuestra unidad todos los expedientes por las amenazas de bomba, que fue el 29 de septiembre”, precisó la funcionaria judicial a la agencia Telam.
Además, la fiscal detalló: “Solo esta semana, por ejemplo, realizamos allanamientos en los que encontramos involucrados cinco menores de edad (uno de trece, uno de 16 y tres de 17). Algunos son casos aislados pero la mayoría actúa en red y se organizan para definir quién hace los llamados”.
El primer caso de amenazas a escuelas llega a juicio
La primera de las cientos de amenazas falsas ocurrió el 31 de agosto en la escuela N° 44 de Merlo, hecho que fue investigado por la fisal María Cecilia Corfield (UFI N°5). En esa causa, la semana pasada, la fiscalía pidió la elevación a juicio oral de un joven de 19 años al Juzgado de Garantías N°4 de Morón, a cargo de Alfredo Meade, que deberá resolver si acepta el pedido y fijar una fecha.
Sobre la situación judicial del imputado, el fiscal Claudio Oviedo, de la UFI N° 5, explicó: “El joven aguardaría el juicio en libertad. No tiene antecedentes penales ni sentencias condenatorias previas”. El delito que se les imputa, intimidación pública, tiene penas que van de dos a cuatro años de prisión con cumplimiento efectivo, pero si la condena es menor de tres años es excarcelable.
Cabe señalar que cuando las llamadas comenzaron a multiplicarse, el Fiscal General del departamento judicial tomó la decisión de concentrar las causas en la UFI N° 2, no obstante, la causa de la Escuela N° 44 de Merlo quedó en la UFI N° 5 porque la investigación se encontraba avanzada.
Medio de comunicación autogestivo con noticias locales y de la región.
