
Este viernes 1ro de septiembre, se cumple un año del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, el hecho de violencia política más grave desde el retorno democrático en 1983.
A lo largo de este año, la investigación a cargo del fiscal Carlos Rívolo, y la jueza María Eugenia Capuchetti, dejó varios cabos sueltos respecto que parecería buscar una sola cosa: la impunidad.
Con el correr de las horas, se tendría la certeza de que Fernando Sabag Montiel no era un lobo solitario, como varios medios intentaron instalar en un primer momento. Detrás del intento de asesinato estaba la llamada Banda de los Copitos, con Brenda Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo como cómplices.
Por si fuera poco, saldría a la luz la vinculación a Revolución Federal, organización liderada por Jonathan Morel, grupo ubicado en el corazón del cuadrante ideológico de Javier Milei, que por ejemplo semanas previas colgó bolsas mortuorias en Plaza de Mayo con nombres de dirigentes políticos y referentes de DDHH.
Como en un juego a dos puntas, fue el mismo Morel que admitió haber recibido una suma millonaria del Grupo Caputo, empresa ligada a la familia del exministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo. Se trata de un elemento central que la justicia insólitamente eligió no investigar.
Otro de los puntos que la pata judicial omitió, por conveniencia o por incompetencia, es la vinculación de Gerardo Milman, mano derecha de la candidata presidencial Patricia Bullrich, que según testigos sabía con anticipación del atentado. Milman “limpió” su celular en una oficina de la propia Bullrich. Casi un año después, con debate legislativo de por medio, el teléfono será peritado, habiendo perdido valioso tiempo.
Fueron semanas donde no solo gatillaban en la cabeza a CFK, también la popularidad del fiscal Diego Luciani gozaba de buena salud, él fue quien pidió la inhabilitación de la actual vicepresidenta para ejercer cargos públicos de por vida, en el marco de la denominada Causa Vialidad. Si, a la dirigente con mayor caudal de votos del peronismo, bajo la conducción en el país de un gobierno peronista.
Un año después del intento de magnicidio, es difícil de medir cuánto daño hizo aquella bala que no salió, sumado al entramado de impunidad político y judicial. El escenario de tres tercios de las Primarias del último 13 de agosto, tal vez pueda ofrecer alguna respuesta.

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