El organismo señaló que desde diciembre de 2023 el Estado argentino “consolidó un modelo en el que la coerción social prevalece sobre la protección de derechos”. También observó un deterioro acelerado de las garantías básicas y una reconfiguración estatal que prioriza el control por sobre la protección social.
En su nuevo informe, Amnistía Internacional sostuvo que desde la llegada de Javier Milei al poder, “el Estado argentino ha consolidado un modelo en el que la coerción social prevalece sobre la protección de derechos”. Según la organización, el país atraviesa “un ajuste fiscal de magnitud inédita”, con impacto transversal en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
La entidad remarcó que áreas esenciales como “salud, educación, alimentación, vivienda, agua, ambiente y seguridad social han experimentado contracciones presupuestarias significativas”, aplicadas sin evaluaciones de impacto en derechos humanos. En ese sentido, señaló que la “motosierra se convirtió en un emblema de gestión, aplicada sin considerar las consecuencias sobre la vida y la integridad de las personas”.
Amnistía aseguró que este enfoque fiscal se sostiene sobre “el equilibrio fiscal como principio rector excluyente”, definido por el propio Gobierno como un objetivo “inquebrantable”. En ese marco, el gasto público registró “una contracción superior al 41% en términos reales entre 2023 y 2025”, provocando un escenario que, según el informe, profundiza desigualdades y debilita la capacidad estatal de garantizar condiciones de vida adecuadas.
El documento también advierte una “reconfiguración del Estado, que prioriza el fortalecimiento de la capacidad policial, represiva y de control… por sobre sus obligaciones de protección social y garantía de derechos”. Amnistía vincula esta estrategia con un contexto donde más de “11 millones de personas seguían sin poder llegar a fin de mes, viviendo en la pobreza e indigencia”.
La organización alertó que el equilibrio fiscal “se logra a costa de la desinversión social”, mientras que se “preserva o refuerza la capacidad represiva y de control”. Según el informe, en 2025 los aumentos presupuestarios más altos se registraron en Seguridad (29%) e Inteligencia (6%), mientras que “los pagos por intereses casi igualan la suma de todo el presupuesto destinado a salud, educación y cultura”.
El deterioro también alcanza a las personas mayores: durante 2025, las jubilaciones mínimas “solo cubrieron en promedio el 81% de la canasta básica total”, al tiempo que la inversión social destinada a protección de este sector “se redujo en un 21% en comparación con 2023”. Para Amnistía, esto consolida un cuadro de desprotección que amplifica vulnerabilidades.
A dos años de gestión libertaria, el organismo concluye que Argentina enfrenta “un deterioro acelerado y multidimensional de los derechos humanos”, producto de “un proyecto político que redefine las funciones del Estado y resigna responsabilidades esenciales”. El informe advierte que “la democracia pierde volumen cuando el miedo avanza”, en un contexto de expansión de facultades policiales, hostigamiento a la prensa, criminalización de la protesta y estigmatización de voces críticas.
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