Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, alertó que la reforma laboral impulsada por el Gobierno no crea empleo, transfiere recursos hacia una minoría, debilita la protección de los trabajadores en plena recesión y, bajo el rótulo de “modernización”, propone retroceder un siglo en derechos conquistados.
La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei fue calificada por el abogado laboralista Matías Cremonte como “una reforma regresiva, que quita derechos y perjudica a los trabajadores; esto no lo discute nadie”. En diálogo con Cambio de Frente (FM 89.3), Cremonte sostuvo que el discurso oficial es “absolutamente falso”: “Dicen que esta ley es necesaria para garantizar el empleo formal y la actividad económica, pero no tiene ningún efecto virtuoso. Es mentira, es muy difícil encontrar la posibilidad de un debate sobre el contenido por su deshonestidad”.
El especialista aseguró que el contexto económico desmonta por completo los argumentos del Gobierno. “Hoy en la Argentina no se crea empleo, se destruye”, afirmó, y explicó que las razones son directamente atribuibles a las políticas oficiales: apertura indiscriminada de importaciones, derrumbe del consumo, caída de los ingresos y endeudamiento de las empresas. Para Cremonte, “las empresas cierran o suspenden personal porque no venden ni producen”, por lo que “ninguna reforma laboral va a revertir una crisis que es producto exclusivo de la política económica”.
Uno de los ejes centrales de su crítica es el histórico fracaso de las recetas de reducción de aportes patronales. Señaló que en Argentina estas rebajas se aplican desde los años 90 “y jamás generaron empleo”, recordando que esa década terminó con casi 20% de desocupación. Mencionó también los ejemplos de Perú y Paraguay, donde los costos laborales bajaron a la mitad, pero la informalidad sigue altísima. “Es falso que estas medidas creen empleo, y mucho menos empleo registrado”, sostuvo. Además, explicó que los aportes patronales no son impuestos sino parte del salario diferido: jubilación, obra social y cobertura para los propios trabajadores.
Cremonte también cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) incluido en el proyecto. Detalló que los empleadores deberán aportar un 3% del salario de cada trabajador, pero ese monto se compensa con una reducción equivalente en los aportes jubilatorios. “¿Quién financia entonces las indemnizaciones por despido? El Estado y, si hilamos fino, los propios trabajadores”, advirtió. Para el abogado, se trata de “una transferencia impresionante de ingresos desde salarios y jubilaciones hacia las ganancias empresarias”.
Según Cremonte, la iniciativa tiene un claro beneficiario: una minoría económica. “Los recortes en salarios directos e indirectos se transforman inmediatamente en rentabilidad”, señaló. Y citó a Keynes para explicar el contrasentido económico: “Los empresarios ven con buenos ojos la caída de los salarios y no se dan cuenta de que impulsan su propia quiebra”. En un escenario de importaciones liberadas y derrumbe de ventas, ejemplificó: “¿A un taller metalúrgico que cierra qué le importa pagar un aporte patronal menos? Va a cerrar igual”.
Finalmente, Cremonte apuntó contra el argumento de la “modernización” del proyecto oficial y allí dejó una de sus definiciones más contundentes. “La ley laboral más antigua que sigue vigente en la Argentina tiene 100 años y fija la jornada en 8 horas diarias o 48 semanales. Si realmente quisiéramos modernizar, haríamos lo que hacen todos los países del mundo: discutir cómo reducir la jornada, cómo garantizar tiempo de descanso, cómo equilibrar la vida laboral y la familiar”, afirmó. Y concluyó: “Aquí se hace exactamente lo contrario: en vez de avanzar, retrocedemos; en vez de proteger a quienes trabajan, se los expone aún más. Llaman modernización a retroceder un siglo”.
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