La Cámara baja aprobó en general el proyecto de Ley de Régimen Penal Juvenil con 149 votos a favor y 100 en contra. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, fija penas de hasta 15 años de prisión para adolescentes de 14 años. La semana próxima sería tratado en el Senado.
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina otorgó media sanción al proyecto de Ley de Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La votación en general resultó con 149 votos afirmativos, 100 negativos y ninguna abstención.
La iniciativa fue impulsada por el bloque oficialista La Libertad Avanza y contó con el acompañamiento de legisladores de la Unión Cívica Radical, el Propuesta Republicana, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Producción y Trabajo. En contra votaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y de Trabajadores.
El texto será girado al Senado y podría ser tratado la próxima semana.
Penas de hasta 15 años y una partida de $23 mil millones
El proyecto establece que la pena máxima para adolescentes de 14 años que cometan delitos será de hasta 15 años de prisión. Además, contempla una asignación presupuestaria estimada en 23 mil millones de pesos para la implementación del nuevo régimen.
El debate sobre la viabilidad económica y operativa de la norma fue uno de los ejes centrales de la discusión parlamentaria.
El presidente Javier Milei celebró la media sanción mediante un comunicado oficial. Allí sostuvo que la ley “establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos”.
“ Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”, afirmó el mandatario.
Desde Unión por la Patria, el jefe de bloque Germán Martínez cuestionó que el proyecto “no dice ni una palabra sobre la cuestión preventiva” y aseguró que no se incorporaron aportes de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría. Según el legislador, esas instituciones habían solicitado “tener en cuenta todos los cuidados” necesarios para un régimen de estas características, pero sus recomendaciones “fueron desoídas”.
Por su parte, la diputada del FIT Myriam Bregman sostuvo que “no hay una ola delictiva juvenil” y advirtió que la reforma implicará “darle más facultades a la Policía para que hostigue mucho más a los pibes en los barrios. No hay plata para garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes pero sí para criminalizarlos”, planteó.
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En tanto, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto votó a favor del proyecto, aunque cuestionó la asignación presupuestaria. “Estamos hablando de 23 mil millones de pesos, que no sé para qué van a servir. El metro cuadrado de construcción para encierro está cerca de los 7.000 dólares”, afirmó, y consideró que los recursos son insuficientes para construir o equipar centros de detención y rehabilitación adecuados.
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