Por Patricia Ramírez y Florencia Lozardo |
La decisión del Gobierno Municipal de trasladar la UGC N° 14 a la sede del Centro Territorial de Políticas de Géneros y Diversidad es un golpe directo a quienes más necesitan acompañamiento y asesoramiento por distintas situaciones que hacen que su vida esté en peligro.
Imaginen a una mujer que, tras un largo tiempo de inseguridad, de miedo y dudas, decide pedir ayuda porque ya no soporta más vivir con un hombre violento. Camina hacia el Centro Territorial de Políticas de Géneros y Diversidad de Morón, ubicado en La Tribuna 1881, Castelar. Busca orientación, refugio, busca que alguien la escuche sin juzgar, busca —sobre todo— seguridad. Pero al llegar en lugar de un espacio de cuidado y confidencialidad, se encuentra con que en el CT hay mucha gente haciendo diferentes trámites administrativos propios de una Unidad de Gestión Comunitaria (UGC). Varias personas la conocen y saludan, hay hombres en el lugar. En ese momento vuelve a sentirse en riesgo y con miedo, la privacidad se rompe ya no hay pedido de ayuda posible. Un espacio de cuidado y atención seguro se volvió peligroso e inseguro. Esa mujer vuelve a su casa sin ayuda y sin posibilidad de salir de la situación de violencia que viven ella y sus hijos.
La decisión del gobierno del intendente Lucas Ghi de trasladar la UGC N° 14 a la sede del Centro Territorial es un golpe directo a todas la mujeres y Diversidades (persona de la comunidad LGBNBTT) que necesitan acompañamiento y asesoramiento por distintas situaciones que hacen que su vida esté en peligro, ya sea la de violencia por motivos de género, discriminación, abuso, abandono y tantos más. Desvirtuando el fin que dio origen a la creación del Centro Territorial de Políticas de Géneros y Diversidad de Morón, un espacio seguro de atención donde la personas que asistan puedan transitar la elección de una vida libre de violencia para ellas y sus hijes. Durante décadas, Morón fue el faro de las políticas de Derechos Humanos y Géneros en la región. Hoy, ese faro parece estar apagándose bajo la excusa de la eficiencia administrativa.
Desde una perspectiva transfeminista, entendemos que el espacio público no es neutral. Para quienes atraviesan violencias por razones de género, la arquitectura del cuidado requiere autonomía. No se trata de “compartir un techo”; se trata de la especificidad del abordaje. Al diluir el Centro Territorial en una oficina de gestión múltiple, se desmantela el entorno seguro.
Resulta alarmante observar cómo la gestión local parece mimetizarse con el discurso del Estado nacional. Mientras el gobierno central ataca sistemáticamente las políticas de género bajo la lógica del “no hay plata”, el Municipio de Morón replica ese retroceso, desdibujando su propia historia. ¿Es este el modelo de gestión que queremos? ¿Uno que prioriza el ajuste logístico por sobre la protección de las vidas?
Es necesario vislumbrar la gravedad que implica la decisión de trasladar la UGC 14 al edificio del Centro Territorial de Políticas de Géneros y Diversidad ya que da muestras de no saber los requisitos imprescindibles que debe tener un espacio de cuidado para quienes tienen sus derechos vulnerados a una vida libre de violencia. Resulta imprescindible defender hoy la existencia de lugares de atención con las condiciones básicas de privacidad y seguridad que estaban dadas en el CT.
La violencia de género no espera, no sabe de recortes y no admite medias tintas. Morón no puede permitirse este retroceso. No podemos permitir que el lugar que nació para dar voz y protección se convierta en una ventanilla más de la burocracia, donde el derecho a una vida libre de violencias quede sepultado bajo el peso de un Estado que decide retirarse.
*Patricia Ramírez fue Subsecretaria de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos del Municipio de Morón. Florencia Lozardo fue la responsable del Centro Territorial de Políticas de Géneros y Diversidad.
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