El documento establece obligaciones de reserva y no divulgación sobre información interna y prevé posibles consecuencias disciplinarias ante incumplimientos. La iniciativa abre interrogantes sobre su alcance, la forma en que sería aplicada y los mecanismos para determinar eventuales faltas entre casi ocho mil trabajadores municipales.
Se filtró un acuerdo de confidencialidad, valga la paradoja. El gobierno de Lucas Ghi buscaría que los trabajadores de la Municipalidad de Morón firmen un documento denominado “Acuerdo de Confidencialidad, Protección de Datos Personales y No Divulgación”, destinado a reforzar las obligaciones de reserva sobre la información a la que acceden por sus funciones.
Que un documento de confidencialidad haya trascendido antes de su implementación es, cuanto menos, un mal primer paso. Pero más allá de ese detalle, el contenido abre una serie de preguntas sobre cómo se aplicaría una medida de estas características dentro de una administración municipal con miles de trabajadores y cuál sería concretamente su alcance.
El acuerdo está fechado para septiembre de 2026 y se circunscribe dentro de la órbita del secretario de Economía y Finanzas, Guido Adrián Napolitano. Entre sus cláusulas define como confidencial a la información no pública, reservada o protegida legalmente, además de datos personales y sensibles y aquella documentación cuyo acceso corresponda exclusivamente al agente por las funciones que desempeña.
La protección prevista es especialmente rigurosa para Recursos Humanos y Sueldos. Allí se incluyen datos personales, información sobre salud y afiliación sindical, licencias, carpetas médicas, sanciones, concursos, altas, bajas, traslados, remuneraciones, retenciones, embargos, cuentas bancarias, declaraciones juradas, juntas médicas, auditorías y negociaciones colectivas o gremiales.
También quedan comprendidos determinados registros de Salud y Desarrollo Social, claves de acceso a sistemas informáticos, bases de datos y otra documentación física o digital que no sea de acceso público irrestricto. Por si hiciera falta, el texto exceptúa las comunicaciones realizadas por obligación legal de transparencia o acceso a la información pública, órdenes judiciales y requerimientos formales de organismos de control.
Posibles sanciones
Uno de los puntos centrales aparece en la cláusula séptima. Allí se establece que una violación de las obligaciones asumidas “podrá constituir falta disciplinaria”, aunque el mismo documento aclara que la existencia y gravedad de esa falta y una eventual sanción deberán determinarse de acuerdo con el régimen de empleo público municipal, la Ley Provincial 14.656, el convenio colectivo vigente y las restantes normas aplicables.
Es decir, el acuerdo no fija por sí mismo una reprimenda automática para cada incumplimiento. Sí deja abierta la posibilidad de consecuencias disciplinarias, civiles, administrativas e incluso penales cuando correspondan. La Ley 14.656 integra efectivamente el marco que regula las relaciones laborales municipales en territorio bonaerense, junto con las ordenanzas y los convenios colectivos.
Pero más allá de la letra fría, se desprenden otros interrogantes: ¿cómo se comprobaría una eventual violación del acuerdo? ¿Qué elementos se utilizarían para determinar quién divulgó información y bajo qué procedimiento? ¿Es un tema que vale la pena atender, teniendo en cuenta la compleja situación económica y social?. Esto último agregando que Morón atraviesa semanas complejas por la reiteración de hechos delictivos que terminó con la interpelación en el Concejo Deliberante.
Lo cierto es que el texto conocido insta al agente a no reproducir, transferir ni facilitar datos confidenciales por ningún medio, incluidas redes sociales y servicios de mensajería, pero cualquier sanción debería atravesar los mecanismos previstos por el régimen laboral y respetar el debido proceso y el derecho de defensa.
También queda por saber cómo sería instrumentada la firma en una estructura municipal de semejante tamaño. Según estimaciones, el Municipio de Morón cuenta con 7.839 trabajadores.
Y queda la paradoja inicial: un acuerdo pensado para evitar filtraciones comenzó a ser conocido, precisamente, por una filtración. O quizás como diría la popular canción de nuestro rock argentino lo reprimido cuando está prohibido pide salir.
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