Si bien la terminología utilizada representa un hecho discriminatorio grave, especialistas en la materia también alertan por la quita de pensiones, transportes y programas de asistencia que son fundamentales para miles de personas en todo el país.
Ayer la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187/2025, en la que se reintrodujeron términos obsoletos y ofensivos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar distintos grados de discapacidad. Dicha situación generó un amplio rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos y discapacidad, ya que contraviene estándares internacionales de derechos humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Tras el escándalo el gobierno de Milei modificó la resolución, sin embargo especialistas en la materia alertaron que la discusión de fondo es la aplicación de un decreto inconstitucional que cambia las condiciones para otorgar asistencia a las personas con discapacidad.
El decreto publicado es regresivo y ataca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado internacional con jerarquía constitucional en nuestro país desde 2014, que pone en grave riesgo derechos humanos fundamentales.
En estas horas, fueron registradas denuncias de pensiones suspendidas, que dejaron a personas sin ingresos ni cobertura de salud. Mismo caso para el acceso transporte gratuito, que en muchos casos son utilizados, por ejemplo, para que niños lleguen a la escuela.
Desde la asunción de Javier Milei al gobierno, la motosierra pasó por los fondos destinados a programas de asistencia, inclusión laboral, recorte en la cobertura de medicamentos y tratamientos esenciales, además del desfinanciamiento a instituciones que brindan apoyo a personas con discapacidad.
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