La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la obligación del Estado Nacional de indemnizar a víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, en la que murieron 51 personas y cerca de 800 resultaron heridas.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos presentados por el Estado y una aseguradora, dejando firmes las sentencias que ordenaban el pago de indemnizaciones a los damnificados. La decisión se tomó en base al artículo 280 del Código Procesal, que permite desestimar planteos sin mayores fundamentos.
El fallo alcanza a casos impulsados por víctimas directas y familiares de fallecidos, entre ellos Fabio Reynaldo Flamenco, quien había abordado la formación en la estación Merlo y resultó gravemente herido, y José Luis Torres Amarilla junto a su familia, quienes iniciaron la demanda por la muerte de su hija, Sonia Torres Rolón, de 28 años, que había subido al tren en la estación Moreno.
La tragedia ocurrió el 22 de febrero de 2012 a las 8:33 de la mañana, cuando una formación de la línea Sarmiento con alrededor de 1.200 pasajeros a bordo impactó contra los paragolpes de contención de la plataforma 2 de la estación Once. Como consecuencia del choque, los primeros tres vagones se comprimieron entre sí, provocando la muerte de 51 personas (una de ellas embarazada) y dejando un saldo de casi 800 heridos.
En instancias previas, la Justicia había determinado la responsabilidad compartida del Estado, la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), el maquinista y la aseguradora. Se consideró que existieron fallas en la conducción, deficiencias técnicas en el sistema de frenos y una falta de control estatal sobre el servicio.
El Estado había intentado desligarse de esa responsabilidad, argumentando que el siniestro fue consecuencia exclusiva de la conducta del maquinista y de la empresa. Sin embargo, la Corte rechazó esos planteos y dejó firme la obligación de reparar a las víctimas.
El caso derivó en dos juicios penales conocidos como Once I y Once II, en los que fueron condenados exfuncionarios y empresarios. Entre ellos, el exministro de Planificación Julio De Vido, quien recibió una pena de prisión por administración fraudulenta.
Con esta decisión, el máximo tribunal cierra una instancia clave en el proceso judicial y ratifica la responsabilidad del Estado en una tragedia que marcó un antes y un después en el sistema ferroviario argentino.
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