La senadora bonaerense Laura Clark (Fuerza Patria – Nuevo Encuentro) presentó un proyecto de ley para suspender hasta diciembre de 2027 las interrupciones de luz, gas y agua para hogares que acrediten imposibilidad de pago y establecer planes de regularización según su capacidad económica.
De esta manera, la norma busca proteger a usuarios que acrediten una situación de vulnerabilidad económica, en un contexto de creciente endeudamiento de los hogares. Contempla, entre otros casos, a jubilados y pensionados, familias con ingresos inferiores al valor de la canasta básica y hogares que tengan a su cargo personas con discapacidad. Para acceder al beneficio, los usuarios deberán presentar una declaración jurada que acredite su imposibilidad de afrontar el pago de las facturas y ser propietarios o inquilinos de una única vivienda.
“La enorme mayoría de las familias quiere cumplir con sus obligaciones. No estamos hablando de personas que no quieren pagar, sino de trabajadores y jubilados que ya no llegan a fin de mes porque las tarifas crecieron muy por encima de sus ingresos”, sostuvo Clark.
La propuesta no contempla la condonación de deudas ni subsidios extraordinarios. En cambio, establece que las empresas prestatarias deberán ofrecer planes de pago razonables y acordes a la capacidad económica de cada familia, para evitar que la falta de recursos derive en la interrupción de servicios esenciales.
“El corte de un servicio público básico es una medida inhumana cuando una familia no puede pagar por razones económicas. El Estado tiene la responsabilidad de proteger derechos esenciales como el acceso a la energía, el agua y el gas”, afirmó la legisladora.
Entre los fundamentos del proyecto se señala el deterioro del poder adquisitivo desde diciembre de 2023, el incremento de las tarifas y el crecimiento de la morosidad de los hogares. La iniciativa también advierte sobre el nivel de endeudamiento de los bonaerenses y el recurso creciente al crédito para afrontar gastos corrientes, incluido el pago de servicios públicos.
Además, el proyecto establece que, cuando el suministro ya haya sido interrumpido, las empresas deberán restablecerlo dentro de las 48 horas posteriores a la firma del correspondiente plan de pago, sin cobrar costos de reconexión.
Para la redacción de la norma se tomó como antecedente legislación vigente en otras provincias y con el objetivo de establecer un mecanismo de protección para evitar que familias bonaerenses queden privadas de servicios esenciales como consecuencia de una situación económica crítica.
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