El organismo provincial requirió al intendente Lucas Ghi que responda en un plazo de cinco días y advirtió sobre las consecuencias de no colaborar con la investigación. El hecho se produce tras la denuncia del dirigente de la Coalición Cívica, Francisco Mones Ruiz, ante el Tribunal de Cuentas bonaerense por supuestas irregularidades en la publicación del Boletín Oficial.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires intervino en la controversia por la publicación incompleta de actos administrativos del Municipio de Morón y dirigió una solicitud de informes al intendente Lucas Ghi. A través de una nota ingresada este viernes 23 de octubre, el organismo requirió explicaciones sobre la omisión de anexos en decretos y resoluciones municipales, así como sobre la difusión de actos oficiales en versiones sintetizadas que no incluyen la totalidad de su contenido.
El requerimiento, identificado con el número 497802/26, lleva la firma digital de Federico Santarelli, secretario de Atención, Orientación al Ciudadano y Desarrollo Territorial de la Defensoría. El documento establece que la Municipalidad deberá contestar dentro de los cinco días posteriores a su recepción y fundamenta la intervención en las obligaciones legales de publicidad de los actos de gobierno y acceso ciudadano a la información pública.
La actuación del organismo provincial se conoce luego de la denuncia presentada por Francisco Mones Ruiz, referente de la Coalición Cívica y exconcejal de Morón, ante el Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense. En aquella presentación, el dirigente señaló que, de 18 ediciones del Boletín Oficial municipal examinadas durante 2026, en 12 se identificaron 30 actos administrativos cuyos anexos no fueron publicados. Según el relevamiento, esos documentos contienen información vinculada con el presupuesto, modificaciones de partidas, contrataciones, designaciones y otras decisiones de la administración local.
En su intervención, la Defensoría señaló que diversos decretos, resoluciones y ordenanzas publicados en el sitio oficial del Municipio aparecen sin sus anexos, reemplazados por indicaciones para solicitar la documentación en la Dirección de Asuntos Técnicos. Entre los casos mencionados se encuentran el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de 2026, la reglamentación del programa de prevención y protección comunitaria que incluye la Policía Municipal y el plan de regularización de construcciones no declaradas.
El organismo también hizo referencia a la falta de publicación de los cuadros tarifarios correspondientes a los tributos municipales, vinculados con los tres incrementos de tasas del 5% dispuestos para marzo, mayo y julio. La ausencia de esa documentación en el Boletín Oficial ya había sido señalada en la denuncia de Mones Ruiz. Asimismo, cuestionó que una parte significativa de los decretos se difunda en la sección denominada “Decretos sintetizados”, sin incluir los vistos, considerandos, números de expediente, firmas ni refrendos.
Para fundamentar su pedido, la Defensoría citó el artículo 108, inciso 18, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece la obligación del Departamento Ejecutivo de confeccionar y publicar el Boletín Oficial, garantizar su disponibilidad en espacios de acceso público e incorporarlo al sitio web municipal sin restricciones. También recordó que la Ordenanza 4492/02 de Morón exige la publicación correlativa, continua e integral de los decretos del intendente, con la totalidad de sus anexos.
El documento subraya, además, que “la publicidad íntegra de los actos de gobierno constituye una condición del ejercicio del derecho a la información de los habitantes”, reconocido por el artículo 12, inciso 4, de la Constitución bonaerense. En ese marco, el organismo explicó que su intervención busca obtener información y contribuir a garantizar que la población pueda acceder a las decisiones de la administración municipal.
Cinco días para responder y advertencias por la falta de colaboración
La solicitud dirigida al intendente Lucas Ghi establece expresamente que la respuesta deberá presentarse dentro de los cinco días contados desde la recepción del requerimiento. La Defensoría recordó que las autoridades y los funcionarios públicos están obligados a prestar colaboración preferente en las investigaciones que lleva adelante el organismo, de acuerdo con las facultades previstas en la legislación provincial.
El requerimiento también advierte que la negativa o la demora injustificada en remitir los informes solicitados, así como los obstáculos para acceder a expedientes o documentación necesaria, pueden constituir una falta grave cuando involucren a funcionarios o empleados públicos. En esos casos, el Defensor del Pueblo puede solicitar la aplicación de sanciones administrativas, sin perjuicio de las acciones judiciales que eventualmente correspondan.
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