Más de la mitad de los hogares de Capital y GBA inquilinos sufren aumentos irregulares y se endeudan para poder pagar. Una situación de precariedad económica y habitacional, que se profundiza en el caso de los hogares sostenidos por mujeres.
La encuesta realizada por el CELS, ACIJ, Instituto de Geografía de la UBA, CEUR-CONICET, la Escuela IDAES (UNSAM) y la Red Contested Territories refleja en el universo de los hogares inquilinos uno de los principales problemas socio económicos de hoy: el aumento de la incidencia del alquiler en relación a los ingresos.
En total, un 6% más de inquilinos empleados que en el año 2021, pero lo que ganan alcanza cada vez para menos. A pesar de trabajar más, destinan una porción cada vez más alta de sus ingresos a pagar el alquiler. Mientras que en el 2021, el 24% de los hogares destinaba más de la mitad de sus ingresos, en 2022 esa proporción de hogares aumentó al 32%.
Esto también se refleja en los niveles de endeudamiento. El 63% de los hogares admite estar endeudado con familiares o particulares y la mayor parte de esa deuda es utilizada para pagar el alquiler. Los hogares cuyo principal sostén son mujeres están más endeudados en general, y en particular con familiares y amigos.
El mercado de alquileres de residencia permanente funciona de tal manera que ofrece soluciones habitacionales cada vez más precarias. El 35% de las personas inquilinas respondió que no alquila una vivienda completa, sino una habitación, y más de la mitad, lo hace sin contrato escrito. En paralelo, crece un mercado de alquiler de viviendas temporarias en dólares. Se trata de viviendas que dejan de estar disponibles para las y los residentes permanentes y presiona sobre las condiciones del conjunto de la oferta.
En cuanto a la Ley de Alquileres, en vigencia desde julio de 2020, el informe rescata que la normativa “fue sancionada justamente porque el mercado funcionaba mal y los hogares inquilinos demandaban más protección” y advierte que ante ese contexto que no se modificó “la respuesta para quienes alquilan no es menos regulación, por el contrario, es un Estado con un rol activo y protagónico en el mercado, que garantice el derecho a la vivienda.
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