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El concejal de la Libertad Avanza dialogó con Cambio de Frente sobre el escándalo de la funcionaria municipal prófuga por narcotráfico desde el viernes. Esta tarde podría tratarse el pedido de interpelación al intendente Lucas Ghi. “Creo que tenemos los votos”, aseguró el vicepresidente 2do del HCD.
En diálogo con el programa Cambio de Frente, por la Radio Pública del Oeste, Morales aseguró que desde el oficialismo “están intentando minimizar la situación” de Luna Ortigoza y acusó al intendente Lucas Ghi de “salir a los medios diciendo mentiras”. “No queremos un circo mediático. Están diciendo que fue empleada de otra gestión cuando existe un decreto de 2025 que la designa como funcionaria en un área muy sensible como Género”, sostuvo.

El edil confirmó además que la oposición presentó un pedido formal de interpelación al jefe comunal amparado en el artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. “Una mentira como respuesta no satisface al pueblo de Morón. Estamos hablando de un hecho gravísimo, de un delito federal. No queremos que Morón se convierta en un Narcoestado”, afirmó.
Morales también puso en duda la versión oficial difundida por el Municipio tras conocerse la investigación judicial. “Obviamente la iban a desplazar del cargo cuando explotó el tema, porque está prófuga. ¿A dónde iba a ir a trabajar? Este tipo de actividades ilícitas no son un hecho aislado. El entorno siempre sabe quién vende droga y quién está metido en estas maniobras”, expresó.
Por último, el dirigente libertario aseguró que existen los votos necesarios para avanzar con el tratamiento del expediente en el recinto. “Entendemos que tenemos las 16 manos para tratarlo sobre tablas y debatirlo como corresponde. Para eso nos eligieron los vecinos y ocupamos estas bancas”, concluyó.
Concejales de LLA y el PRO presentaron este martes un proyecto de decreto para exigirle al intendente Lucas Ghi que informe sobre la situación de la ahora exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, Luna Suyai Ortigoza. El texto remarca que la funcionaria se encuentra prófuga y con pedido de captura nacional, y advierte sobre una “grave crisis institucional” dentro del municipio.
La iniciativa reclama explicaciones sobre los controles políticos y administrativos ejercidos por el Ejecutivo, la existencia de alertas previas y las medidas adoptadas para prevenir la infiltración del delito organizado en áreas sensibles del Estado local. Además, solicita información sobre el resguardo de bienes y datos municipales, posibles sumarios internos y eventuales responsabilidades de funcionarios. Los concejales remarcaron que se trata del segundo escándalo penal vinculado a personal municipal en menos de un año y señalaron que la situación “evidencia fallas sistémicas” en los mecanismos de control del gobierno local.
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