Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA/CONICET) reveló que el financiamiento nacional destinado a educación se redujo un 47,7% entre 2024 y 2025. El ajuste golpeó especialmente a las universidades, las becas estudiantiles y las transferencias a las provincias, mientras crece la preocupación por el futuro de la educación pública.
El presupuesto destinado a educación sufrió uno de los mayores recortes de las últimas décadas. Así lo sostiene el informe “El futuro del financiamiento educativo en debate”, elaborado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA/CONICET), que advierte que entre 2024 y 2025 el financiamiento nacional para educación y cultura registró una caída acumulada del 47,7% en términos reales.
Según el estudio, durante 2024 la función Educación y Cultura cayó un 43,2% respecto del año anterior, una reducción incluso superior al ajuste aplicado sobre el gasto público nacional en su conjunto. El trabajo señala que una parte importante de ese recorte respondió a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que complementaba los salarios docentes en las provincias y trasladó una mayor carga financiera a las jurisdicciones.
Lejos de revertirse, la tendencia continuó durante 2025. El informe indica que el presupuesto educativo volvió a caer un 7,9% real respecto del año previo, afectando principalmente a las universidades nacionales, las becas estudiantiles y las transferencias a las provincias. De mantenerse las partidas presupuestarias vigentes durante 2026, los investigadores proyectan una nueva reducción del 12,7%, lo que implicaría tres años consecutivos de retroceso del financiamiento educativo nacional.
Entre los programas más afectados aparece el destinado al Desarrollo de la Educación Superior, que financia a las universidades nacionales y sufrió una caída real del 5,4%. Las becas estudiantiles, entre ellas el programa Progresar, registraron un recorte del 42,5%, mientras que el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas perdió casi la mitad de sus recursos, con una caída del 49,5%. La única excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su ejecución y pasó a ocupar un lugar central dentro de las políticas educativas nacionales.
Los investigadores advierten que el ajuste no solo implica una reducción de recursos, sino también una transformación del esquema de financiamiento educativo. Al disminuir el aporte del Estado nacional, las provincias deben asumir una mayor responsabilidad para sostener el sistema, profundizando las desigualdades entre jurisdicciones y debilitando el rol federal de la política educativa.
El informe remarca que, de sostenerse esta tendencia, la participación del presupuesto educativo dentro del Producto Bruto Interno y del gasto total de la Administración Pública Nacional quedará entre las más bajas de los últimos años, consolidando un escenario de desfinanciamiento que pone en debate el futuro de la educación pública argentina.
Además de describir el fuerte ajuste presupuestario, el informe plantea la necesidad de debatir un nuevo esquema de financiamiento educativo. Los investigadores recuerdan que la Ley de Financiamiento Educativo de 2005 fijó la meta de destinar el 6% del PBI a la educación, pero advierten que ese marco perdió vigencia en los últimos años y que resulta necesario construir un nuevo acuerdo que garantice recursos estables para sostener la educación pública en todo el país.
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