El caso de dos trabajadoras sociales que ganaron un concurso y, aun así, fueron despedidas sin motivos concretos está judicializado. En las últimas horas se conoció un decreto del Ejecutivo Municipal que busca dar marcha atrás reincorporándolas, mientras el Concejo Deliberante pidió explicaciones. Advierten que el tema seguirá en manos de la justicia hasta que se esclarezca de manera definitiva.
El conflicto comenzó luego de que la administración municipal dejara sin efecto el pase a planta permanente de las trabajadoras sociales Antonella Cifrodelli y Constanza D’Alessandro, quienes habían accedido a sus cargos a través de un concurso público realizado entre mayo y agosto de este año, bajo la ordenanza 9875/07 que regula la Carrera Profesional Sanitaria en el distrito. Según denunciaron, la decisión se tomó sin fundamentos técnicos y vulneró derechos laborales adquiridos de manera legítima.
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El concurso que ambas habían ganado se realizó el 15 de julio y fue auditado por distintas instituciones: el Colegio de Médicos, el Colegio de Psicólogos, el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia, CICOP y la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal. Pese a haber obtenido el puntaje necesario, el Ejecutivo firmó posteriormente un decreto retroactivo anulando sus nombramientos con el argumento de que había sido un error permitirles participar del proceso.
Tras la presentación judicial de ambas profesionales en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1, a cargo del juez Marcelo Gradín, el gobierno intentó revertir parcialmente la medida que las había dejado sin funciones en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Dr. Gelpi, en Castelar Sur, y Dr. Winter, en Morón Sur. La respuesta oficial llegó mediante el decreto 2679-2025, firmado por el intendente Lucas Ghi, el secretario de Salud Jacobo Netel y la jefa de Gabinete Estefanía Franco, que ordena reincorporarlas en la planta interina del SUMS con la misma categoría y salario que tenían antes del cese, aunque sin restituirles sus cargos directivos, ya ocupados.
“El posible dictado de una medida cautelar en los términos solicitados generaría un precedente judicial perjudicial para esta comuna, y afectaría derechos de terceros que se encuentran prestando servicios en la categoría detentada. Que hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión judicial, corresponde designar a las ex agentes Cifrodelli y D’Alessandro dentro de la Planta Interina del SUMS, en el Servicio de Trabajo Social, con un haber equivalente a la categoría detentada al momento de su cese. Que, no obstante, no corresponde asignarle las funciones de Directoras de los C.A.P.S. mencionados, puesto que los mismos ya cuentan con personal designado en el cargo de Director”, señala el decreto.
La justicia informó este sábado a las denunciantes la existencia del decreto 2679/25 que busca reparar la situación. Fue difundido en las últimas horas.
Repercusiones políticas y gremiales
En la última sesión del Concejo Deliberante, se aprobó por unanimidad un pedido de informes para que el Ejecutivo explique los motivos de esta situación considerada irregular.
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Mientras tanto, desde CICOP confirmaron que detrás de las decisiones administrativas existen motivos políticos: “Acá hay una mezcla de cuestiones personales y políticas. Hay voluntad de algunos actores de que algunas personas entren al sistema de salud y otras no. En varios casos se marginó a trabajadoras por su identidad política, y eso es un hecho”.
En tanto, la defensa judicial de las trabajadoras señaló que no aceptarán el decreto: “seguiremos el camino de la justicia esperando la reincorporación plena. Esto es un manejo discrecional del poder, si las echaron por su afinidad con Nuevo Encuentro, que lo blanqueen, porque es muy desprolijo lo que hicieron. Juegan con el trabajo de la gente, despiden, humillan y no pueden explicarlo, infunden miedo, es de una crueldad inédita. Esta persecución, este ensañamiento no tiene sentido y tiene que parar”.
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