El Ejecutivo busca la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y del financiamiento universitario. Organizaciones exigen a los legisladores que respeten las leyes logradas.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que el Gobierno Nacional incorporó en las modificaciones del Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y del financiamiento universitario de manera solapada y deliberada.
Desde el Foro emitieron un comunicado en el que denuncian que ”este cambio no formaba parte del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. El artículo 75, que deroga las leyes 27.793 y 27.795, fue agregado posteriormente en el dictamen, lo que constituye una maniobra grave que busca avanzar en la eliminación de derechos sin debate público ni transparencia institucional”.
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De concretarse la derogación, “implicaría que no se reconozca ni se pague la totalidad del atraso arancelario generado por el actual gobierno, que a agosto de este año alcanzaba el 70%, profundizando la crisis del sistema de prestaciones”. Además, alertó el Foro, “se deja de lado la medida que establecía un aumento del apoyo mensual que reciben las y los trabajadores de los talleres protegidos, afectando de manera directa sus ingresos y condiciones de vida”.
También, advierte que “esta medida olvida a las personas con discapacidad en situación de pobreza que se veían reconocidas en la nueva figura de pensión creada por esta ley”. En resumen, “se trata de un nuevo ataque a las personas con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones que garantizan derechos fundamentales, y de una clara falta de respeto al Congreso Nacional y a los mecanismos democráticos”.
En la jornada del martes 16, comenzó la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ámbito en el que se está discutiendo esta modificación regresiva. Desde el Foro exigen a las y los legisladores a que asuman su responsabilidad y que eviten la aprobación de este presupuesto que trae consigo, la derogación de leyes urgentes, surgidas de la lucha colectiva.
“Las personas con discapacidad no pueden ser una variable de ajuste. La eliminación de la emergencia en discapacidad profundizaría una situación ya crítica y vulneraría derechos reconocidos por ley”, finalizaron.
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